CRedacción Capitol·7 de agosto de 2026·2 min de lectura
Niños y niñas, separados por sexos, esperan para iniciar trámites de extranjería mientras el Gobierno da por zanjada la crisis
Cientos de menores inmigrantes siguen agolpados este viernes a las puertas de la comisaría de Policía Nacional en Ceuta, en el centro de la ciudad autónoma, para iniciar los trámites de extranjería. La imagen, captada por este medio, contrasta con el discurso del Gobierno central, que ha dado por cerrada la crisis generada tras la llegada masiva de personas el pasado 30 de julio.
Los menores, divididos en dos grupos por sexos —varones en un extremo de la calle y niñas en otro—, esperan frente a dependencias policiales para confirmar su edad y declarar su país de origen, primeros pasos para regularizar su situación. La separación responde a las creencias musulmanas, según han explicado fuentes policiales.
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Los agentes consultados explican que su labor se limita a iniciar y canalizar los procedimientos administrativos, mientras que el futuro de estos menores depende de las autoridades. La situación refleja la saturación de los recursos en la ciudad, donde la llegada de inmigrantes irregulares ha superado la capacidad de gestión inicial.
Ceuta, como ciudad autónoma, tiene competencias en materia de seguridad y orden público, pero la gestión de la inmigración irregular recae principalmente en el Estado. La crisis del 30 de julio, con la entrada masiva de personas, ha puesto de manifiesto las tensiones entre las instituciones locales y el Gobierno central sobre la respuesta a este tipo de emergencias.
Según la Ley de Extranjería, los menores inmigrantes que llegan a España deben ser atendidos por las autoridades competentes, que deben determinar su edad y nacionalidad. Una vez que se ha confirmado su identidad, se procede a la tramitación de su solicitud de refugio o asilo, si corresponde.
En este caso, la situación en Ceuta es particularmente compleja debido a la gran cantidad de menores que han llegado en un corto período de tiempo. La ciudad autónoma ha solicitado apoyo al Estado para gestionar la situación, pero la respuesta ha sido lenta y insuficiente, lo que ha generado tensiones entre las instituciones locales y el Gobierno central.
