CRedacción Capitol·15 de agosto de 2026·5 min de lectura
El contraste en protocolos técnicos, rescate urbano y balances públicos marca la gestión ante más de 6.300 muertos en Venezuela y 285 en Colombia
Dos terremotos de gran magnitud registrados con menos de dos meses de diferencia han expuesto diferencias operativas, técnicas e institucionales entre Colombia y Venezuela frente a situaciones de catástrofe. El seísmo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en el departamento colombiano de Chocó, con epicentro en San José del Palmar, ha dejado un balance superior a las 285 muertes. Por su parte, el doble evento sísmico del 24 de junio en territorio venezolano, con magnitudes de 7,2 y 7,5, acumuló un saldo de 6.301 personas fallecidas de acuerdo con los registros semanales de las autoridades de ese país, en un escenario condicionado por una menor profundidad focal y un impacto directo sobre áreas densamente pobladas.
Las divergencias en la actuación comenzaron a manifestarse de manera inmediata en la emisión de los informes sismológicos y la portavocía técnica inicial. En Colombia, el Servicio Geológico Colombiano difundió un primer boletín preliminar a los pocos minutos del temblor y actualizó los datos sismológicos siete minutos después, asumiendo su director, Julio Fierro Morales, la comunicación técnica de la emergencia. En el caso venezolano, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fundíais), presidida por el general Luis Alejandro Jiménez Villarroel, demoró cuatro horas y 26 minutos en divulgar un informe detallado sobre el doble evento telúrico, recayendo la comunicación de los hechos en cargos políticos gubernamentales y parlamentarios.
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Protocolos de mando y despliegue operativo en las primeras horas
La estructura de mando político también reflejó dinámicas organizativas distintas en cada capital. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien había tomado posesión del cargo tres días antes del suceso, asumió la dirección presencial del Puesto de Mando Unificado dos horas después del seísmo y ofreció un primer informe de daños personales y materiales transcurridas cinco horas. En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, intervino públicamente a las dos horas del suceso para comunicar el derrumbe de edificaciones residenciales y el inicio de las labores de auxilio, seguido por comparecencias de Delcy Rodríguez para detallar suspensiones en la red de metro, cortes preventivos de gas y la paralización de operaciones en el aeropuerto de Maiquetía, publicando un balance de 32 fallecidos y más de 700 heridos seis horas después de la catástrofe sin integrar inicialmente los datos de La Guaira.
El despliegue de personal técnico de rescate constituyó otro eje de contraste en la atención de las zonas afectadas. Colombia activó 23 unidades de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), integradas por cerca de 1.000 efectivos procedentes del cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entre estos grupos figura el equipo USAR COL-1, compuesto por 170 especialistas y certificado formalmente por la Organización de las Naciones Unidas. En Venezuela, la falta de maquinaria pesada, herramientas técnicas y dotaciones especializadas provocó que vecinos y voluntarios retiraran escombros de forma manual durante semanas con picos y palas. Aunque el Ejecutivo venezolano informó de un despliegue inicial de 4.000 funcionarios, el operativo máximo alcanzó los 31.837 efectivos 18 días después de los seísmos.
El precedente de Armero y las condiciones materiales de auxilio
La capacidad de respuesta demostrada por el sistema de emergencias colombiano se apoya en las reformas estructurales adoptadas tras la catástrofe de Armero en 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó la muerte de aproximadamente 20.000 personas e impulsó la creación de un sistema nacional coordinado de atención de desastres. En contraposición, la capacidad de respuesta estatal en Venezuela se ha visto condicionada por el marco económico del país, donde las sanciones internacionales han reducido la disponibilidad presupuestaria pública y el repliegue de la actividad privada en las últimas dos décadas ha mermado la recaudación tributaria destinada a servicios esenciales.
El tratamiento y la difusión de las estadísticas de víctimas y personas no localizadas evidenciaron divergencias de procedimiento entre las administraciones. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses comenzó a publicar los nombres de las personas fallecidas identificadas un día después del movimiento telúrico, complementando los informes territoriales emitidos por gobernadores y alcaldes. Por el contrario, la administración venezolana centralizó los datos oficiales sin presentar una relación nominal pública de los más de 6.000 fallecidos ni una distribución territorial pormenorizada por municipios, mientras que el gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, reportó un mes después del seísmo que 1.500 personas continuaban sin ser localizadas en su jurisdicción.
Criterios sobre la cooperación internacional y estrategias de comunicación
La gestión de la asistencia técnica internacional mostró cambios de criterio operativo durante el desarrollo de la crisis. Las autoridades colombianas rechazaron en primera instancia los ofrecimientos de equipos de rescate formulados por doce países para priorizar el despliegue de los medios nacionales y la solicitud de suministros humanitarios, una decisión que generó debate técnico al coincidir con el periodo crítico de las primeras 72 horas para hallar personas con vida. Con posterioridad, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGID), David Tamayo, rectificó esta postura y autorizó la entrada de contingentes especializados procedentes de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Por su parte, Venezuela aceptó auxilio del exterior desde los primeros momentos y dependió operativamente de unidades internacionales para compensar sus limitaciones materiales.
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La fase de reconstrucción y estabilización de las áreas damnificadas introdujo asimismo diferencias en el plano de la comunicación institucional. Mientras las autoridades locales y nacionales en Colombia mantuvieron los canales centrados en reportes de daños de infraestructuras, el Gobierno venezolano implementó de forma paralela en las semanas posteriores una estrategia de comunicación pública bajo el lema Venezuela Renace, incorporando esta denominación en vallas publicitarias, uniformes de trabajo y rotulación de vehículos oficiales de patrulla y asistencia técnica.
