La Comisión Europea ha abierto un expediente para examinar si el Gobierno de Pedro Sánchez respetó las normas de la UE al aprobar por real decreto la regularización extraordinaria de inmigrantes, según la respuesta que envió a Junts el 23 de octubre.
Las claves
- La regularización registró 1.174.968 solicitudes, mucho más que el estimado de medio millón.
- Junts denunció en julio que el real decreto, aprobado sin el visto bueno del Congreso, vulnera normas de la UE.
- La Comisión avisa de que podría abrir un procedimiento de infracción contra España.
- Junts cuestiona el uso de un real decreto en vez de una ley parlamentaria para la regularización.
- Junts critica que el Gobierno no informó a la UE de sus intenciones migratorias.
El proceso registró un total de 1.174.968 solicitudes, cifra muy superior a la estimación del Ejecutivo de medio millón de peticiones. La iniciativa de la Comisión responde a una petición presentada en julio por Junts, que denunció que el Real Decreto aprobado sin el visto bueno del Congreso vulneraba normas comunitarias. El 23 de octubre, la Comisión comunicó a Junts que examinaría su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable. Asimismo, advirtió la posibilidad futura de iniciar un procedimiento de infracción contra España para asegurar la conformidad de sus leyes con el Derecho de la UE.
Junts cuestiona la elección de un real decreto en lugar de una ley debatida en las Cortes para lanzar la regularización, que concluyó el 30 de junio, aunque aún se están resolviendo muchas de las solicitudes presentadas. El partido independentista también critica que el Gobierno no avisara a Europa de sus intenciones, pese a la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión de las medidas migratorias que puedan afectar al resto. La reclamación, diseñada por Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, señala que el real decreto archiva y revoca las órdenes de expulsión de quienes obtienen el permiso de residencia, mientras que la directiva europea de retorno obliga a dictar el retorno de todos los extranjeros en situación irregular.
Junts denuncia que la medida permite a solicitantes de asilo obtener un permiso de residencia sin que la Administración haya verificado la necesidad real de protección. Esta vía colisiona con el reglamento europeo que solo autoriza al inmigrante a permanecer mientras se estudia su solicitud de asilo, no a recibir automáticamente la residencia.
Junts se felicita de haber conseguido que la Comisión examine la regularización después de que, en enero, descartara hacerlo. Entonces, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, sostuvo ante PP y Vox que regularizar a extranjeros en situación irregular es responsabilidad de los Estados miembros. En febrero, Brunner matizó que la migración es un reto compartido y que cada Estado debe garantizar que sus decisiones no tengan efectos negativos en otras partes de la UE.
La Comisión pretende ahora verificar si el decreto vulnera la legislación europea, y Junts dispone de un año para presentar sus argumentos documentados. Cataluña registró el mayor número de solicitudes, 257.602, cerca del 22 % del total.
Hace diez días, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Frederiksen, ya habían criticado en público la regularización masiva. Frederiksen anunció que pediría a la Comisión que investigara a España por actuar «en contra de la política de inmigración que cuenta con el amplio apoyo de la mayoría en Europa».
Corrección (28/10/2026): atribuía al comisario Magnus Brunner que la regularización es una responsabilidad «exclusiva» de los Estados miembros; dijo en enero que es responsabilidad de los Estados miembros, sin ese adjetivo.
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