Según una circular de la Dirección General de Vivienda, la reforma estatal no alcanza a los alquileres protegidos del Plan Vive. Entretanto, algunos compradores de promociones municipales barajan reclamar al Ayuntamiento de Madrid y varios fondos han detenido sus adquisiciones en España.
Según la postura del Gobierno regional, los grandes operadores de vivienda asequible de Madrid seguirían pudiendo repercutir a sus arrendatarios el IBI, las cuotas de la comunidad de vecinos y ciertas tasas municipales, a pesar de los límites impuestos por el decreto de vivienda que el Congreso de los Diputados validó el 12 de noviembre. Lo detalla una circular de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, con fecha 18 de noviembre en la que se analiza el impacto de esta disposición, popularmente llamada decreto Maricarmen, sobre la vivienda protegida.
El real decreto-ley reformó la ley de arrendamientos urbanos (LAU) con el fin de acotar los costes que el casero puede pasar al inquilino. Veta trasladar al arrendatario tributos vinculados a la vivienda, como el IBI, a menos que sea él quien tenga la condición de obligado tributario, y le impide exigir gastos de comunidad cuando el inmueble no está fraccionado en fincas independientes. La Comunidad, no obstante, defiende que sus viviendas protegidas se gobiernan por normas distintas.
El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso solicitó a la Abogacía General un dictamen, fechado el 5 de noviembre, que determina que la modificación del artículo 20 de la LAU «no es aplicable» a los contratos regidos por los decretos autonómicos 74/2009 y 84/2020. El primero ordena la vivienda de protección pública; el segundo, entre otros aspectos, los pisos del Plan Vive, levantados por compañías privadas sobre terreno público cedido por la Comunidad. La tesis subyacente es que el Estado regula los arrendamientos corrientes a través de la LAU, mientras que la administración regional posee atribuciones para establecer las condiciones de sus viviendas protegidas.
El dictamen sostiene que pueden mantenerse «la repercusión del IBI, de la tasa de residuos y demás tasas municipales, y de los gastos comunes», dentro de los márgenes fijados en cada concesión. Asimismo, el reglamento madrileño autoriza actualizar las rentas conforme al IPC, y no según el IRAV previsto en la ley estatal de vivienda. El texto se apoya en resoluciones anteriores del Tribunal Supremo y del Constitucional sobre las atribuciones autonómicas en materia de vivienda protegida.
El caso de las promociones impulsadas por el Ayuntamiento de Madrid presenta otro perfil. En 2023, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida cedió 25 parcelas municipales para construir 2.134 viviendas con alquileres inferiores a los de mercado a Culmia, Vía Ágora, Avintia y Pecsa. Más tarde, Palatino, un vehículo inversor impulsado por clientes de banca privada de Bankinter, junto con la propia Vía Ágora, se hizo con tres de los cinco lotes del concurso. Según ha podido constatar El Periódico, algunos de los adjudicatarios evalúan exigir al Ayuntamiento una indemnización por responsabilidad patrimonial, al considerar que los pliegos municipales autorizaban de forma explícita repercutir esos gastos al inquilino. Estos pisos son, desde el punto de vista jurídico, viviendas libres y no protegidas, de modo que quedan al margen de los reglamentos autonómicos mencionados y se rigen por las nuevas reglas de la LAU.
El cambio normativo también ha enfriado el mercado.
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