La consejera de Industria, Mercedes Morán, tacha la norma de desproporcionada y advierte de que puede frenar proyectos estratégicos en la región. El sector anuncia recursos ante los tribunales.
El Gobierno extremeño ha expresado su oposición al real decreto sobre centros de datos que el Consejo de Ministros dio luz verde el viernes en una sesión extraordinaria. Mercedes Morán, responsable de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, califica la disposición de excesiva y alerta de que podría dañar las inversiones proyectadas en la comunidad, pues a su juicio estas instalaciones tienen un papel clave para el desarrollo regional.
Morán reprocha al Ejecutivo central que haya ignorado a las autonomías: según sostiene, no contó con los gobiernos regionales para tramitar la normativa. Añade que el problema mayor es que el Estado, además de desatender a los territorios, legisla en sentido contrario a la industria y a las oportunidades que esta brinda. También cuestiona el calendario elegido, a menos de dos semanas de los comicios generales.
El texto, promovido por la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, obliga a las nuevas instalaciones a alcanzar la categoría A que fija la Unión Europea en uso eficiente del agua, equivalente a 0,1 litros por kilovatio hora. Igualmente, reclama que el 80 % de su consumo eléctrico provenga de energías renovables de reciente puesta en marcha y que, en cada hora, dichas fuentes cubran como mínimo ese mismo porcentaje. De acuerdo con Aagesen, de no aplicarse esta regulación, el coste en las facturas de los hogares podría llegar a 5.000 millones de euros.
Quedan afectadas las instalaciones con al menos 10 megavatios de capacidad de acceso, mientras que los proyectos autorizados aún sin conectar dispondrán de medio año para justificar el cumplimiento de los requisitos energéticos y medioambientales. Quienes no lo logren perderán tanto la autorización como las garantías depositadas.
La asociación empresarial SpainDC, que agrupa al sector, planea impugnar la norma en los tribunales y solicitará su suspensión provisional. Según la entidad, las exigencias resultan imposibles de satisfacer y equivalen, en la práctica, a bloquear la llegada de nuevos centros al país. Aagesen, por su parte, defiende que el decreto colocará a España en una posición de liderazgo mundial y le permitirá adelantarse a dificultades que otros Estado ya han padecido.
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