El contrato de traducción e interpretación, valorado en 12 millones para tres años, ejecutó menos del 8% de su presupuesto en el primer ejercicio completo
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha consolidado el uso del catalán, euskera y gallego en la Cámara Baja tras un acuerdo con ERC y Junts en 2023, aunque el coste real de la medida ha sido muy inferior al previsto. En 2025, primer año completo con el sistema en vigor, el gasto ascendió a 920.000 euros, de los cuales 660.000 se destinaron a interpretación en directo durante 66 sesiones plenarias, dos de la Diputación Permanente y más de 280 comisiones.
El contrato inicial, licitado en abril de 2024 por 12 millones de euros para tres años, reservaba 3 millones anuales, pero la ejecución final representó menos del 8% del presupuesto. La implantación fue gradual: aunque Armengol permitió el uso de las lenguas cooficiales desde la sesión constitutiva de 2023, el Reglamento no se reformó hasta meses después. Diputados de Junts y ERC han señalado que, pese a la normalización, algunos parlamentarios desconectan cuando se interviene en catalán, euskera o gallego, incluso en debates tensos.
Vox ha intentado revertir la medida en varias ocasiones. La última, durante la reforma del Reglamento para flexibilizar la creación de grupos parlamentarios, presentó una enmienda para limitar el uso de lenguas cooficiales al castellano, que fue rechazada. El PP, aunque no ha promovido su eliminación, ha bloqueado su extensión al Senado, donde solo se permiten en la Comisión General de Comunidades Autónomas y en la defensa de mociones no legislativas.
El acuerdo entre PSOE, ERC y Junts en 2023 incluyó la reforma del Reglamento para permitir el uso de lenguas cooficiales en plenos, comisiones y escritos. Armengol lo anunció en su discurso inaugural: Quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, así como la riqueza lingüística que suponen. La medida se aplicó antes de la reforma formal, con intervenciones en catalán, euskera y gallego desde la primera sesión.
El Senado, pese a su carácter territorial, mantiene restricciones. Las lenguas cooficiales no pueden usarse en debates legislativos ni en preguntas al Gobierno, lo que limita su presencia en la Cámara Alta. ERC y Junts han presentado propuestas para ampliar su uso, pero el PP las ha rechazado sistemáticamente.
Fuente: El Periódico
