CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·2 min de lectura
La APRI denuncia que el sector, con 30.000 profesionales y 1.200 millones de facturación anual, carece de registro público y código ético vinculante
El presidente del Congreso ha desestimado la propuesta de regular a los lobistas, un debate que ha reactivado la Asociación de Professionals de Relacions Públicas (APRI). Carlos Parry, presidente de la entidad, ha denunciado que su sector es el único que solicita una normativa específica y, sin embargo, no logra avanzar.
La APRI ha insistido en que el Congreso debe retomar el debate, ya que la iniciativa, presentada en 2025, fue tumbada por falta de apoyo en las comisiones.
Publicidad
El rechazo parlamentario difiere del avance en regulación de otros sectores, como el financiero o el farmacéutico. Parry advierte que los lobistas son el único sector sin código ético vinculante.
Propuesta de la APRI: registro público y código ético
La APRI propone registrar actividades de cabildeo, declarar conflictos de interés y crear un registro público accesible. Estas medidas, según la asociación, ya fueron respaldadas por informes del Consejo de Europa y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2024.
Los populares defienden un enfoque flexible, mientras Vox exige sanciones ejemplares en casos de corrupción. Por su parte, el Gobierno ha argumentado que cualquier normativa debe esperar a la aprobación de la nueva Ley de Transparencia, cuya tramitación se ha retrasado por discrepancias internas.
El sector de relaciones públicas factura 1.200 millones anuales y emplea a 30.000 profesionales, según datos de la APRI. Parry señala que la falta de marco legal limita la credibilidad de un sector clave para la democracia, especialmente en el año electoral 2027.
PP y Vox, a favor de la regulación con matices distintos
La APRI presentará una nueva propuesta en semanas, con apoyo de CCOO y UGT, que alertan sobre la opacidad en la toma de decisiones políticas. El Congreso, no obstante, no ha fijado aún una fecha para reabrir el debate. Esto deja en suspenso el futuro de una regulación que lleva años en el limbo.
