El síndic sostiene que Vox presentó la misma petición en todos los parlamentos autonómicos y ante el Tribunal de Cuentas, por lo que ve innecesario que cada uno la atienda.
Las claves
- El síndic de Comptes rechazó incluir en su plan de trabajo para 2026 la medición del coste de la inmigración ilegal.
- Cucarella atribuye al Tribunal de Cuentas estatal el posible análisis del coste de la inmigración ilegal.
- El mandato del síndic venció en 2022 y su renovación requiere una mayoría reforzada del PP y el PSPV.
El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, ha confirmado hoy en la Comisión de Hacienda de Les Corts que la institución descartó fiscalizar el coste de la inmigración ilegal. Lo ha hecho en una comparecencia dedicada a los informes del ejercicio 2024, después de que Vox insistiera en persona en esa fiscalización.
Vox planteó la iniciativa hace un año y el PP la apoyó en el pleno, que exigía a la Sindicatura analizar ese coste y su impacto en los servicios públicos autonómicos. Sin embargo, no entró en el plan de trabajo de 2026. Según Cucarella, la propuesta se rechazó dentro de la propia institución y, si alguien hace ese análisis, corresponderá al Tribunal de Cuentas a escala estatal.
El síndic ha explicado que los trabajos se eligen en una comisión técnica en la que se vota qué asuntos son más relevantes y suscitan más interés, y que en el proceso interviene toda la plantilla. Ha admitido que hubo dudas sobre esta petición porque los resultados podían ser distintos de los esperados, pero ha asegurado que no fue ese el motivo del rechazo. Según ha dicho, Vox la formuló en todos los parlamentos autonómicos y también ante el Tribunal de Cuentas, y le parece «una tontería» que cada uno la ejecute. Sobre si el Tribunal de Cuentas lo hará, ha respondido: «No sé si lo hará».
La portavoz de Vox, María Teresa Ramírez, ha reprochado a Cucarella que el informe presentado no analizara el impacto de la dana. Los trabajos sobre ese asunto ya están hechos, uno sobre la contratación y otro sobre el presupuesto de la dana, pero corresponden a 2025 y no hay fecha para que se debatan en las Corts.
Ramírez también ha pedido la dimisión del síndic. Cucarella la ha rechazado y ha advertido de que, si dimite o se jubilan él y la otra síndica en activo, la institución colapsaría. Ha defendido que la Sindicatura cumple bien su labor y ha asegurado que entre dos hacen el trabajo de tres, tras el fallecimiento de la síndica adjunta Marcela Miró.
Cucarella ha recordado que la renovación depende de un pacto entre los partidos, a los que ha dicho que les toca ponerse de acuerdo. Su mandato terminó en 2022 y sustituirlo exige una mayoría reforzada que incluya como mínimo al PP y al PSPV.
Sobre la financiación, Mari Carmen Contelles había señalado la infrafinanciación como causa de la delicada situación de las cuentas de la Generalitat. Cucarella ha respondido elogiando el modelo propuesto por el Gobierno central, que según él habría aportado más dinero que las estimaciones de la propia Sindicatura y que para los valencianos resultaba suficientemente bueno. Ese modelo ha decaído con el adelanto electoral.
Por último, Cucarella ha calificado de «complicado» el asunto del IVO y el posible doble cobro a la Generalitat por los tratamientos de pacientes oncológicos derivados desde departamentos de salud gestionados por concesionarias del modelo Alzira. La Sindicatura advirtió de que la conselleria podría haber pagado derivaciones que deben asumir las empresas, obligadas a prestar un servicio integral, y el caso está en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El síndic ha insistido en que conviene firmar un nuevo acuerdo con el IVO porque hay margen de interpretación.
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