CRedacción Capitol·2 de septiembre de 2026·2 min de lectura
El magistrado también desestima la toma de declaraciones de Víctor de Aldama y otros testigos, dificultando la fase probatoria
El magistrado Santiago Pedraz, instructor del caso «cloacas» en la Audiencia Nacional, ha ordenado que Álvaro Gallego aporte los mensajes de WhatsApp y cualquier otro soporte documental que posea sobre sus conversaciones con la abogada Leticia de la Hoz y la empresaria Carmen Pano.
Según el auto notificado el 02 sep. 2026 a las 12:09 y 12:30, la Fiscalía Anticorrupción considera esas comunicaciones esenciales para determinar si De la Hoz ofreció a Pano una «elevada cantidad de dinero» a cambio de que modificara su testimonio en procedimientos judiciales contra Ferraz y el Gobierno.
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Carmen Pano había confesado haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, y la investigación busca comprobar si el presunto soborno influyó en su declaración o en la de su amigo, el empresario Gallego.
Pedraz ha rechazado, sin acceso a la defensa, la práctica de diligencias que incluían la declaración del empresario Víctor de Aldama y de terceros como Jacobo Abad, Manel Sallés y Nuria Sorribes, argumentando que el foco del proceso no es la veracidad de las versiones de Pano o de su chófer, sino la posible existencia de una organización criminal.
La resolución, obtenida por El Debate en primicia, subraya la necesidad de demostrar la secuencia completa de los hechos para que la acusación de «organización criminal» pueda prosperar, según la posición del Ministerio Público.
El requerimiento de los chats se enmarca en una fase probatoria que, de confirmarse el ofrecimiento de dinero, podría implicar responsabilidad penal para De la Hoz y reforzar las acusaciones de financiación irregular dentro del PSOE de Madrid.
El auto también solicita a Gallego que aporte cualquier documento que permita determinar la fecha exacta en que se celebraron las reuniones entre Pano y De la Hoz, así como el contenido tratado, con el fin de establecer la cronología de los hechos y su posible relación con otros procedimientos judiciales abiertos contra Ferraz y el Gobierno.
