El exministro José Manuel García-Margallo da por perdida la soberanía sobre Gibraltar tras el pacto con el Reino Unido
El antiguo jefe de la diplomacia española advierte de que el acuerdo comunitario consolida las ventajas fiscales del Peñón frente al Campo de Gibraltar
CRedacción Capitol·10 de agosto de 2026·5 min de lectura
El antiguo jefe de la diplomacia española advierte de que el acuerdo comunitario consolida las ventajas fiscales del Peñón frente al Campo de Gibraltar
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha advertido de que el cierre del acuerdo entre la Comisión Europea, el Reino Unido y España sobre Gibraltar representa una renuncia irreversible a las aspiraciones de soberanía española sobre el Peñón. Durante una entrevista concedida a El Confidencial, quien fuera jefe de la diplomacia española entre 2011 y 2016 ha asegurado que el marco pactado carece de retorno, al tratarse de un tratado internacional formalizado entre el bloque comunitario de los 27 Estados miembros y las autoridades británicas, lo que inhabilita cualquier modificación unilateral por parte de Madrid en el futuro.
García-Margallo ha centrado sus críticas en el impacto económico que las cláusulas negociadas tendrán sobre el Campo de Gibraltar. Según sus explicaciones, la regulación acordada permite a las empresas radicadas en la colonia británica mantener el acceso directo al mercado interior de la Unión Europea sin asumir la carga tributaria que soportan las compañías radicadas en suelo español. Para el exministro, este diferencial de tributación perpetúa un régimen de competencia desleal que desincentiva la inversión productiva en los municipios andaluces colindantes, al situar al Peñón en una posición de ventaja fiscal garantizada institucionalmente.
Publicidad
El mecanismo jurídico del tratado y la posición negociadora en la Unión Europea
El análisis planteado por el ex titular de Exteriores subraya que el Gobierno español disponía de la capacidad técnica y política de vetar las condiciones del acuerdo marco con Londres. García-Margallo sostiene que durante la gestión del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy se introdujo una disposición obligatoria que exigía el consentimiento previo de España ante cualquier decisión relativa al encaje post-Brexit de Gibraltar, una salvaguarda que, a su juicio, ha sido infrautilizada en la fase final de las negociaciones europeas.
En el plano normativo, la celebración de acuerdos de esta naturaleza entre la Unión Europea y terceros países exige el cumplimiento del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este procedimiento otorga una posición de influencia determinante a los Estados directamente afectados durante la fijación directriz de las líneas de negociación. La ratificación final del texto legal consolida un estatus internacional que solo podría ser revisado mediante una unanimidad posterior de los 27 países socios, una eventualidad que el ex diplomático considera inexistente dado que la población de Gibraltar no cuenta con incentivos para aceptar cambios en materia de soberanía.
El histórico de la diplomacia española ante la fiscalidad del Peñón
La controversia alrededor de la situación tributaria de Gibraltar se remonta a la firma del Tratado de Utrecht en 1713, cuyo artículo X cedió la propiedad de la ciudad y el castillo a la Corona británica, aunque sin concesión de jurisdicción territorial ni continuidad económica sobre el istmo ocupado con posterioridad. Durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, García-Margallo defendió la estrategia de la soberanía acoplada a la eliminación del régimen fiscal especial gibraltareño, un enfoque que abordó directamente con dirigentes de distintas sensibilidades políticas como el antiguo secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.
En las conversaciones mantenidas entre ambos dirigentes sobre las prioridades estratégicas en la comarca del sur peninsular, el propio Rubalcaba trasladó a García-Margallo que el combate contra la evasión fiscal y la opacidad económica constituía la prioridad principal para su formación, mientras que la reivindicación de la bandera resultaba el eje central para la candidatura popular. García-Margallo defendió entonces la necesidad de unificar ambas exigencias para evitar la desarticulación industrial y comercial del Campo de Gibraltar frente a la plaza británica.
Precedentes internacionales y la doctrina de la política exterior
Durante su intervención en el espacio periodístico citado, García-Margallo ha extendido su balance a otros hitos de la política internacional española, situando la estrategia diplomática actual en continuidad con las directrices fijadas durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El ex titular de Exteriores ha recordado las presiones recibidas por parte de mandatarios internacionales durante su periodo de gestión, destacando las peticiones formuladas por las secretarias de Estado estadounidenses Hillary Clinton y John Kerry en relación con el reconocimiento de la independencia de Kosovo y el posicionamiento sobre el Sáhara Occidental.
Publicidad
El argumento mantenido por la diplomacia española frente a las administraciones norteamericanas para rechazar el reconocimiento unilateral de la secesión kosovar se fundamentaba estrictamente en el derecho internacional. García-Margallo explicó a sus homólogos en Washington que avalar la independencia de la antigua provincia serbia sienta un precedente aplicable al soberanismo en Cataluña. Según la doctrina legal expuesta, el derecho a la autodeterminación reconocido en los ordenamientos jurídicos de la era soviética únicamente amparaba a las repúblicas federativas con rango constitucional explícito, condición de la que carecían tanto Kosovo como Voivodina, y de la que adolece el marco autonómico español regulado por la Constitución de 1978.
Propuestas de reforma constitucional ante las demandas de financiación autonómica
Respecto al debate territorial interno, el exministro ha revelado que cuenta con una propuesta redactada de articulado de reforma constitucional formulada para encauzar las tensiones autonómicas originadas tras las solicitudes de modelos de financiación singular. La elaboración de este texto técnico se inició tras la negativa del Ejecutivo nacional en 2012 a conceder un pacto fiscal autonómico al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, un planteamiento que el ex dirigente del Gobierno considera similar a las cesiones fiscales que se negocian en la actualidad.
La modificación formal de la Carta Magna en España exige articular los procedimientos previstos en el Título X del texto constitucional, diferenciando entre la vía ordinaria del artículo 167 y el procedimiento agravado del artículo 168. Este último resulta de aplicación obligatoria para revisiones que afecten al Título Preliminar, a los derechos fundamentales o a la Corona, exigiendo mayorías cualificadas de dos tercios en el Congreso de los Diputados y el Senado, la disolución inmediata de las Cortes Generales y la celebración de un referéndum de ratificación. El marco diseñado por García-Margallo busca delimitar las competencias exclusivas del Estado frente a las pretensiones de un sistema plurinacional carente de encaje explícito en el ordenamiento internacional.
