Siete comunidades gobernadas en solitario por los populares apoyarán solo la dotación económica para la ciudad autónoma, sin avalar el sistema de cuotas vigente desde 2024
Los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) que no gobiernan en coalición con Vox asistirán el próximo jueves a la reunión sectorial de Infancia convocada por la ministra Sira Rego, pero condicionarán su apoyo a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el reparto de menores inmigrantes llegados a Ceuta. Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Baleares, Cantabria, La Rioja y Región de Murcia —todas con ejecutivos monocolor del PP— respaldarán únicamente la aprobación de una dotación económica específica para la ciudad autónoma, destinada a afrontar la emergencia migratoria registrada el pasado 31 de julio.
La postura de estas comunidades contrasta con la de los gobiernos autonómicos donde el PP sí gobierna con Vox —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía—, que han rechazado asistir a la reunión. Sin embargo, los barones populares sin socios de ultraderecha evitan un gesto de ruptura total, aunque insisten en que no «normalizarán» el sistema de cuotas de reparto, al que atribuyen una motivación política: contentar a los socios nacionalistas del Gobierno, especialmente los vascos y catalanes. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido uno de los más críticos, subrayando que su comunidad —donde Vox no tiene representación parlamentaria— no aceptará una distribución que considere impuesta.
El PP mantiene dos líneas rojas en la negociación. La primera, competencial: exigen que el Gobierno central asuma su responsabilidad en el control de fronteras y las devoluciones, en lugar de delegar el reparto de menores en las autonomías. La segunda, técnica: reclaman un proceso de filiación «extremadamente minucioso» para verificar la edad de los menores, tras denunciar que en la redistribución de 2024 desde Canarias, la mitad de los llegados a Madrid y Baleares resultaron ser mayores de edad. Este argumento ha sido esgrimido durante semanas por los populares para cuestionar la eficacia del sistema actual.
La reunión del jueves se centrará en un único punto del orden del día: la dotación económica para Ceuta. Aunque las comunidades del PP aceptarán este acuerdo, fuentes autonómicas advierten de que no firmarán un «cheque en blanco» al Gobierno, al que acusan de una «mala gestión» de la crisis. La tensión se enmarca en un contexto más amplio: la ruptura de los acuerdos regionales entre PP y Vox en 2024, tras la negativa de Santiago Abascal a respaldar políticas migratorias del Gobierno. Las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027 añaden presión, ya que el PP busca evitar que Vox gane influencia en más territorios.
El sistema de cuotas de reparto de menores, vigente desde 2024, es una obligación legal para las autonomías, pero el PP ha cuestionado su aplicación desde su aprobación. Los populares argumentan que el Gobierno prioriza intereses políticos sobre soluciones técnicas, una crítica que han extendido a otros ámbitos, como la gestión de fondos europeos. La reunión del jueves no resolverá el conflicto, pero marcará el tono de las negociaciones futuras, con el PP sin Vox buscando un equilibrio entre la crítica al Ejecutivo y la evitación de un enfrentamiento abierto.
Fuente: El Periódico







