El Alto Tribunal rechaza la medida cautelarísima que exigía a los ministros acudir a la Cámara Alta, pero no resuelve si Moncloa actuó conforme a Derecho
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del PP para obligar al Gobierno a enviar a sus ministros al Senado antes de que finalice agosto, en el marco del conflicto por las comparecencias sobre la crisis de Ceuta. La Sala de Vacaciones del Alto Tribunal ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por los populares, aunque su decisión no entra en el fondo del asunto: si el Ejecutivo actuó legalmente al negarse a atender las convocatorias de la Cámara Alta.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, celebró la resolución en redes sociales, tachando de «numeritos» la estrategia del PP. «Hoy se vuelve a confirmar que los numeritos del PP en el Senado no van a ningún lado. Vaya papelón», escribió. Sin embargo, el Supremo aclaró que su fallo se limita a la medida urgente y «no prejuzga ni predetermina» lo que pueda decidir sobre la jurisdicción, la competencia o la admisibilidad del recurso.
El conflicto se remonta a agosto, cuando el PP, con mayoría absoluta en el Senado, convocó a varios ministros para que explicaran su gestión durante la crisis migratoria en Ceuta. Moncloa rechazó las fechas propuestas y remitió las comparecencias al Congreso, donde el Gobierno tiene mayor control. Los populares recurrieron al Supremo, solicitando que los ministros comunicaran su disponibilidad antes de septiembre, una petición que el tribunal ha denegado.
La batalla judicial trasciende el caso ceutí y plantea una cuestión institucional clave: los límites del Gobierno para decidir ante qué Cámara comparece cuando una comisión parlamentaria lo reclama. Mientras Bolaños enmarca el fallo como una derrota más del PP —»22 recursos presentados y 22 perdidos», afirmó—, el partido de Feijóo insiste en que la lucha por el fondo del asunto continúa. El Supremo aún debe pronunciarse sobre si Moncloa vulneró la ley al ignorar las citaciones del Senado.
El Gobierno ha intentado presentar el rechazo a las cautelarísimas como una victoria política, acusando al PP de usar los tribunales para librar batallas que no ganó en las instituciones. No obstante, la resolución deja abierta la puerta a que el Alto Tribunal examine en el futuro si un Ejecutivo puede desoír una convocatoria formal de una de las Cámaras de las Cortes Generales, un precedente que podría redefinir el equilibrio entre poderes.
Fuente: La Razón
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