CRedacción Capitol·28 de agosto de 2026·2 min de lectura
El Gobierno solicita apoyo europeo tras registrar 72.000 entradas irregulares en julio y enfrentar protestas vecinales con agresiones a migrantes
El Ministerio del Interior ha solicitado por primera vez el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, donde 72.000 personas entraron de forma irregular los días 30 y 31 de julio. La petición, dirigida a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, responde a una oferta de ayuda remitida por Bruselas el pasado 21 de agosto al embajador español ante la UE, Marcos Alonso.
El Gobierno, que hasta ahora había rechazado la intervención de Frontex en sus fronteras, justifica este cambio por la saturación de los recursos locales. Según datos del Ministerio, solo 700 migrantes —los primeros en llegar— han sido alojados en tiendas militares instaladas en el parking del Embolsamiento, cerca de la frontera con Marruecos. El resto, centenares, pernoctan en calles y playas como Loma Colmenar o Benítez, donde este viernes se registraron nuevos incidentes: un migrante marroquí, Naufar Mansour, denunció una agresión con punzón en el glúteo, mientras otro mostró heridas suturadas con grapas tras recibir un golpe con un palo.
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La ministra de Inclusión, Elma Saiz, anunció este viernes una ampliación de 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria en la ciudad autónoma. Saiz criticó a la oposición por centrar el debate en «cifras» y recordó que la crisis ha dejado «decenas de fallecidos» durante los cruces. Sin embargo, fuentes ministeriales reconocen que el principal obstáculo no es la logística, sino la resistencia vecinal a nuevos centros de acogida. El Gobierno y el Ejecutivo ceutí acordaron un listado de espacios alternativos a polideportivos, pero su ubicación se mantiene en secreto para evitar protestas.
Las manifestaciones contra la presencia de migrantes se han intensificado en los últimos días. Este viernes, la policía impidió que cientos de vecinos accedieran a la playa de Benítez, donde se escucharon consignas como «Fuera de aquí» y «A por ellos». Mientras, grupos políticos locales, incluido el PP, firmaron una declaración institucional pidiendo «unidad» y advirtiendo de sanciones contra los autores de actos vandálicos. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, subrayó que «los violentos no nos representan» y que buscan «dividirnos».
Interior ha expulsado a 100 personas por cometer delitos en Ceuta, entre ellos once marroquíes que tendieron una emboscada a militares. La tensión se agrava con la falta de plazas: aunque Saiz habilitó 1.800 el pasado 20 de agosto —1.100 para subsaharianos y 700 para magrebíes—, la cifra no ha variado desde entonces. En la playa del Trampolín, símbolo de la crisis, siguen proliferando cabañas improvisadas.
