Figaredo, portavoz de Vox, considera “fundamental” bajar el IRPF en sus tramos inferiores sin reducir servicios

En el debate económico previo a las elecciones del 29 de noviembre, Vox defendió que bajar impuestos no obliga a recortar, mientras el ministro Carlos Cuerpo avisó de que las rebajas fiscales del PP podrían acabar en recortes de servicios públicos.

El PP y Vox han prometido una bajada de impuestos si llegan al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, pero PSOE y Frente Amplio les preguntaron este viernes, en el debate económico de la campaña, cómo lo harán sin recortar servicios públicos. El portavoz de Vox, José María Figaredo, consideró «fundamental» reducir los impuestos, en especial el IRPF en sus tramos inferiores, y defendió que se puede hacer sin reducir los servicios que reciben los ciudadanos.

Carlos Cuerpo, quien ocupa los cargos de vicepresidente primero y ministro de Economía, indicó que varios expertos han advertido esta semana que las propuestas fiscales del PP podrían incrementar el déficit público. “La siguiente derivada es recortar los servicios públicos.” Lo hemos observado tanto en la Comunidad de Madrid como en otras comunidades donde el partido ejerce el gobierno. Sacrificios”, advirtió.

Cuerpo defendió además que la renta disponible de los hogares por habitante, descontados precios, impuestos y crecimiento de la población, ha aumentado un 8 % desde el inicio de la escalada inflacionista de 2022, por encima de lo ocurrido en Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, replicó que el Ibex ha duplicado su nivel desde que Pedro Sánchez dirige el Gobierno, mientras que el salario neto real ha descendido al 3,8 %.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, coincidió con Cuerpo en que la economía española crece desde hace años por encima de la de su entorno, pero denunció que esa riqueza es «capturada» por un 1 % de la población, sobre todo a través de la vivienda. También acusó al PP de disminuir el «salario indirecto» de los trabajadores al deteriorar los servicios públicos, lo que, según su argumento, obliga a las familias a costear alternativas privadas de sanidad, educación o cuidados.

Referencias: Madrid: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.