Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, respondió el 16 de abril a tres eurodiputados del PP que las autoridades nacionales pueden permitir tecnología obsoleta si añaden medidas de seguridad. El ERTMS que debe sustituir al LZB de 1992 sigue en pruebas.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, explicó en una respuesta fechada el 16 de abril que, dada la larga vida de los equipos ferroviarios, las autoridades nacionales pueden permitir tecnologías obsoletas siempre que después se adopten medidas de seguridad. Contestaba a una pregunta de los eurodiputados del PPE Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz.
Los parlamentarios habían pedido al Ejecutivo comunitario, tras el siniestro de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, aclaraciones sobre las ayudas europeas destinadas a renovar la línea AVE Madrid-Sevilla y sobre la seguridad de una infraestructura que la propia Comisión había calificado de obsoleta en 2023.
Fitto sostuvo que usar equipos que ya no son interoperables con los actuales no impide por fuerza una explotación segura. Insistió en que el Ministerio de Transportes, como autoridad nacional, es quien debe validar que cada línea opera con seguridad y autorizar las grandes renovaciones.
El miércoles se produjo en la misma línea el choque de trenes de Urda (Toledo). El LZB, el sistema de señalización vigente desde la inauguración de la línea en 1992, no evitó la colisión. Tampoco frenó al tren el ASFA, el sistema de respaldo, que debe detener a un convoy que se acerca a un cantón en el que hay otro parado por una avería. El tren AVE no redujo la marcha al entrar en el cantón del Iryo.
Queda por aclarar qué protección estaba activa, qué información recibió el ASFA y, si llegó a intervenir antes del choque, por qué el tren de Renfe embistió al de Iryo a 137,27 km/h.
Sobre la financiación europea de las obras, Fitto remitió a una respuesta anterior de la Comisión, del 17 de marzo. En ella se detallaban los controles, auditorías e informes aplicados a los fondos de cohesión y de recuperación, y se situaba la responsabilidad principal de prevenir y corregir irregularidades en los Estados miembros.
El comisario Apostolos Tzitzikostas indicó en un escrito del 14 de abril que cualquier investigación sobre Adamuz corresponde al organismo nacional y que la Agencia Ferroviaria Europea ha ofrecido asistencia.
La renovación de la línea recibió unos 111,6 millones de euros de ayuda FEDER, una financiación distinta de la del Plan de Recuperación. En su última solicitud de fondos de ese plan, el 30 de septiembre, el Gobierno pidió 25.861 millones y presentó como cumplidos 148 hitos y objetivos, entre ellos la sustitución del LZB por el ERTMS. Ese sistema, sin embargo, seguía en pruebas cuando ocurrió el accidente de Urda.
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