Galicia activa restricciones por sequía en 32 municipios y Pontevedra mantiene las suyas

La Xunta aplica desde hoy medidas de alerta en 32 localidades, mientras el Ayuntamiento de Pontevedra no descarta endurecerlas si el caudal del Lérez sigue bajando

La Xunta de Galicia ha puesto en vigor este viernes las restricciones por sequía decretadas en 32 municipios de la comunidad, tres días después de anunciarlas. Las medidas, que responden a un estado de alerta por la falta de agua, afectan a localidades de varias provincias, aunque el texto fuente no especifica cuáles. Paralelamente, el Ayuntamiento de Pontevedra ha confirmado que mantiene las mismas restricciones que aplicó el pasado martes mediante un bando municipal, sin cambios tras una nueva reunión celebrada hoy.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha señalado que las medidas actuales podrían endurecerse si el caudal del río Lérez —principal fuente de abastecimiento de la ciudad— continúa descendiendo. Las restricciones en la capital provincial incluyen limitaciones en el riego de jardines, el llenado de piscinas y el uso de agua para la limpieza de calles, aunque no se detallan en el texto fuente las sanciones previstas en caso de incumplimiento. La decisión del Ayuntamiento se enmarca en un contexto de sequía prolongada que ha reducido los embalses gallegos a niveles críticos, según datos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

La Xunta, gobernada por el Partido Popular con Alfonso Rueda como presidente, activó el estado de alerta tras constatar que los niveles de precipitación en los últimos meses se sitúan un 40% por debajo de la media histórica para esta época del año. Las restricciones en los 32 municipios afectados incluyen, entre otras medidas, la prohibición del riego de cultivos en horarios diurnos y la reducción del caudal en fuentes ornamentales. El decreto autonómico también establece un límite del 20% en el consumo de agua para usos industriales no esenciales, aunque no especifica cómo se controlará su cumplimiento.

Pontevedra no es la única ciudad gallega que ha adoptado medidas unilaterales. Otros ayuntamientos, como los de Vigo y Santiago de Compostela, han implementado restricciones similares en las últimas semanas, aunque sin coordinación explícita con la Xunta. Esta falta de uniformidad en las medidas ha generado críticas desde la oposición, que reclama un plan integral de gestión de la sequía a nivel autonómico. El portavoz del PSOE en el Parlamento gallego, Gonzalo Caballero, ha pedido «una estrategia clara que evite desigualdades entre municipios», mientras que el BNG ha exigido la declaración de emergencia climática en la comunidad.

El marco legal que regula estas restricciones se basa en la Ley de Aguas de Galicia, que permite a las administraciones locales y autonómicas adoptar medidas excepcionales en situaciones de escasez. Sin embargo, la normativa no establece plazos concretos para la revisión de las medidas, lo que deja en manos de los gobiernos municipales y autonómico la decisión de cuándo levantarlas. En el caso de Pontevedra, el Ayuntamiento ha anunciado que revisará la situación cada siete días, en función de los datos de caudal del Lérez proporcionados por Augas de Galicia, la empresa pública encargada de la gestión del agua en la comunidad.

Fuente: ABC