Gobierno activa Ley de Seguridad Nacional por Ceuta pero evita convocar a embajadora marroquí

España declara la crisis como «situación de interés para la seguridad nacional» y nombra a Ángel Víctor Torres al mando, aunque descarta protestas formales contra Rabat pese a las declaraciones de sus ministros

El Gobierno español ha activado por primera vez la Ley de Seguridad Nacional para gestionar la crisis en Ceuta, declarándola «situación de interés para la seguridad nacional» y designando al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como mando único con competencias extraordinarias hasta finales de 2026. La medida sitúa el conflicto a un paso de ser considerado «guerra híbrida», según fuentes diplomáticas, aunque Exteriores ha evitado convocar a la embajadora marroquí, Karima Benlloch, para protestar formalmente por el asalto fronterizo y las declaraciones de altos cargos de Rabat que cuestionan la soberanía española sobre las ciudades autónomas.

Pedro Sánchez calificó los hechos como «un ataque» y «violación de la integridad territorial» durante su visita a Ceuta, equiparándolos a una agresión directa. Sin embargo, 25 días después, el Ejecutivo ha optado por una respuesta diplomática discreta: se limitó a emitir un comunicado el 21 de agosto reafirmando que Ceuta y Melilla «son parte integrante del territorio de la UE» y que su soberanía está «reconocida internacionalmente», sin mencionar a Marruecos. Fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que no se ha citado a Benlloch ni se ha llamado a consultas al embajador español en Rabat, a pesar de las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, quien reiteró que ambas ciudades son un «derecho histórico» de su país y propuso crear un órgano de diálogo con España para abordar su futuro.

La decisión contrasta con reacciones previas del Gobierno en crisis menores. En 2024, España llamó a consultas a su embajadora en Argentina tras unas declaraciones de Javier Milei sobre la esposa de Sánchez, y convocó al embajador italiano en Madrid cuando el Gobierno de Giorgia Meloni vinculó la crisis de Ceuta con la regularización de migrantes. Funcionarios consultados por El Español admiten que la invasión de Ceuta «es más grave» que esos episodios, pero atribuyen la cautela a la estrategia de preservar la «nueva etapa» de relaciones con Rabat, iniciada en 2022 tras el apoyo español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Ese año, Sánchez agradeció públicamente la colaboración de Marruecos en el control fronterizo, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, describió al país como «socio fiable» y «no una amenaza».

La tensión escaló el 25 de agosto, cuando el ministro de Asuntos Religiosos marroquí, Ahmed Toufiq, reclamó ante Mohamed VI la «liberación» de Ceuta y Melilla, citando a eruditos islámicos del siglo XVI. El acto, celebrado en el Palacio Real de Rabat, incluyó la presencia del príncipe heredero y fue interpretado como un desafío directo a España. Mientras, la diplomacia española ordenó a sus legaciones en la UE evitar promover resoluciones que vincularan la crisis con Marruecos, lo que dejó a España sin apoyos en Bruselas más allá de Italia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respaldó a Meloni en su postura crítica, aislando a los socialistas europeos.

La activación de la Ley de Seguridad Nacional otorga a Torres poderes excepcionales para coordinar la respuesta, aunque el Gobierno no ha detallado qué medidas concretas se adoptarán. La norma, aprobada en 2015, permite al Ejecutivo centralizar competencias en situaciones que «afecten a la seguridad nacional», pero no implica la declaración de estado de emergencia. Mientras, Sánchez retomó su agenda presencial este martes tras teledirigir la crisis desde Lanzarote, y Benlloch abandonó Madrid para viajar a Tetuán poco después de los hechos.

Fuente: El Español