Cataluña recibirá 119,4 millones para 271 municipios, el País Vasco 31 millones para 18 municipios y Navarra 13,3 millones para 21 localidades
Las claves
- El reparto incluye a Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.
- Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y el resto de autonomías quedan fuera del reparto.
- La dotación duplica los 90 millones anunciados por Isabel Rodríguez el 2 de septiembre.
- Cataluña recibirá 119,4 millones para 271 municipios, el 66 % del total.
- País Vasco obtendrá 31 millones para 18 municipios.
El martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto propuesto por el Ministerio de Vivienda para repartir ayudas de hasta 180 millones de euros entre comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.
El Gobierno ha duplicado la dotación, que pasa de los 90 millones anunciados por la ministra Isabel Rodríguez el 2 de septiembre a 180 millones. Quedan fuera del reparto Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y el resto de autonomías, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, porque no han activado el mecanismo legal.
Cataluña acapara la mayor parte del presupuesto con 119,4 millones destinados a 271 municipios tensionados, lo que representa aproximadamente el 66 % del total. Le siguen el País Vasco con 31 millones para 18 municipios, Navarra con 13,3 millones para 21 localidades, Galicia con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela, y Asturias con 5,9 millones para cinco municipios.
El reparto evidencia la diferencia entre gobiernos autonómicos que han declarado zonas tensionadas y los que no han activado ese instrumento legal. La exclusión de Madrid y Andalucía se explica por el requisito legal, no por un criterio partidista, aunque Galicia, gobernada por el PP, sí está incluida porque A Coruña y Santiago la declararon.
Isabel Rodríguez defendió que el Estado debe acompañar a las administraciones que reconocen una situación de tensión residencial. La ministra argumentó que declarar un municipio como tensionado obliga a impulsar actuaciones y afirmó: «Hace falta un plan de acción». Recordó que la normativa prevé mecanismos para contener los precios del alquiler y bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan las rentas, siempre acompañadas de nuevas viviendas asequibles.
Los fondos podrán destinarse a promover y rehabilitar viviendas para alquiler social o asequible, adquirir suelo residencial, financiar su urbanización y comprar inmuebles del mercado libre para incorporarlos al parque de alquiler asequible. También se financiarán soluciones habitacionales alternativas y mecanismos de cobertura frente al impago de contratos de arrendamiento, por lo que la partida no se dedicará íntegramente a construir viviendas nuevas.
El Consejo de Ministros aprobó además 45 millones de euros para siete proyectos de alojamiento universitario asequible, con unas 2.000 plazas en una primera fase. Este segundo programa llega también a comunidades sin zonas tensionadas, como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,3 millones, seguida de la Universidad de Castilla-La Mancha con 8,1 millones para Albacete, la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla con 6,5 millones, y la Universidad de Burgos con 5,9 millones. Completan el reparto la Universitat Jaume I de Castellón con 4,5 millones, la Universidad de Jaén con 3,5 millones y el Ayuntamiento de Lleida con 2,9 millones.
Rodríguez justificó este programa universitario porque muchos estudiantes encuentran dificultades para cursar estudios lejos de sus hogares debido al elevado precio de la vivienda. Las subvenciones pretenden facilitar el alojamiento de estudiantes, docentes e investigadores y aliviar la presión sobre el alquiler en las ciudades universitarias.
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