El Ejecutivo detalla cifras anuales y explica que su prioridad es desincentivar la oferta ilegal, no recaudar las sanciones
El Gobierno ha impuesto multas por 465 millones de euros a operadores de juego ilegal en los últimos cinco años y admite que ninguna cantidad ha sido abonada.
En respuesta parlamentaria escrita al Partido Popular, el Gobierno detalla que las multas ascendieron a 128.427.500 euros en 2022, 150 millones en 2023, 96 millones en 2024, 51 millones en 2025 y 40 millones en 2026. La información fue recogida por Europa Press y publicada por El Mundo (España).
El Gobierno explicó que el juego online ilegal es una actividad transfronteriza y que las empresas implicadas suelen tener su domicilio social en jurisdicciones terceras no colaborativas.
Multas anuales: cifras detalladas por el Gobierno
Ante la dificultad de localizar a los sujetos infractores, la autoridad reguladora se centra en la capacidad de detección y bloqueo. El Gobierno afirma que la eficacia de su actuación no se mide por el cobro de las multas, sino por la capacidad de detectar, interrumpir y bloquear la oferta ilegal dirigida a consumidores españoles.
El Ejecutivo subrayó que la finalidad principal de la actividad sancionadora no es recaudatoria, sino de protección del mercado y de los consumidores.
El Gobierno destaca que, más allá del valor jurídico de las multas, su eficacia práctica incluye la interrupción de la captación de jugadores españoles, el bloqueo del acceso desde España, la retirada de visibilidad en buscadores y redes, y la dificultad para usar medios de pago. Así lo manifestó: «sin perjuicio del valor jurídico y disuasorio de la multa, la eficacia práctica se concreta en otros efectos como la interrupción de la captación de jugadores españoles, el bloqueo o dificultad del acceso desde España, la retirada de visibilidad en buscadores, redes, afiliados y publicidad, dificultad para utilizar medios de pago o proveedores tecnológicos, constancia administrativa de la infracción e impedimento para acceder posteriormente al mercado regulado».
Estrategia del Ejecutivo: bloquear, no recaudar
El Gobierno reafirma que este enfoque es coherente con la práctica española, donde las sanciones graves a operadores sin licencia incluyen el bloqueo de páginas y la publicación de resoluciones firmes.
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