CRedacción Capitol·9 de octubre de 2026·4 min de lectura
La subida del 0,17% para trabajadores —que afecta a 18,5 millones de cotizantes— financia el fondo de pensiones del baby boom hasta 2050
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) subirá su cotización del 0,9% al 1% a partir del 1 de enero de 2027. La medida está regulada en el artículo 127 bis de la Ley General de la Seguridad Social.
La subida afectará a trabajadores y empresas, con un aumento de 0,1 puntos porcentuales. El 83% de la cotización adicional recaerá en las empresas y el 17% en los trabajadores.
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Para un salario base de 1.500 euros mensuales, el trabajador abonará 2,55 euros adicionales al mes. En cambio, la empresa asumirá 12,45 euros, elevando la cotización conjunta a 15 euros. El MEI forma parte de un plan progresivo que alcanzará el 1,2% en 2029 y se mantendrá hasta 2050. Su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el envejecimiento poblacional.
El MEI, creado para financiar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se aplica desde enero de 2023. Su objetivo es garantizar las jubilaciones de la generación del baby boom (nacidos entre 1960 y 1970). Según cálculos basados en la base de cotización media actual, la subida afectará a unos 18,5 millones de trabajadores activos en España.
La subida será progresiva, con incrementos anuales de 0,1 puntos hasta alcanzar el 1,2% en 2029. La cotización adicional se sumará a las obligaciones de trabajadores y empresas. El Gobierno defiende el MEI como medida para evitar desequilibrios en el sistema de pensiones. El aumento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad agravan el desajuste entre cotizantes y pensionistas.
¿Cómo se distribuye el coste del MEI?
Para un salario de 1.500 euros, la cotización total en 2027 será de 15 euros mensuales. De este importe, 12,45 euros (83%) los asumirá la empresa y 2,55 euros (17%) el trabajador. Esta proporción, establecida por ley, busca aliviar el impacto directo en las nóminas, aunque la subida se aplicará de forma automática sin necesidad de modificaciones legislativas adicionales.
El MEI no es una cotización nueva, sino una ampliación de un mecanismo existente desde 2023. El MEI subirá 0,1 puntos anuales hasta 2029, cuando alcance el 1,2%. Según la Seguridad Social, el sistema de pensiones enfrentará un déficit estructural a partir de 2030. La medida, sin embargo, ha generado controversia entre sindicatos y patronales, que alertan sobre su efecto en la competitividad empresarial y el poder adquisitivo de los trabajadores.
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¿Qué dice la ley sobre el MEI?
Su creación en 2023 respondía a la urgencia de reforzar el Fondo de Reserva, agotado en 2021 tras décadas de extracciones para financiar déficits. La ley prevé que, una vez alcance el 1,2% en 2029, el tipo se mantenga estable hasta 2050, salvo revisiones extraordinarias.
La actualización del MEI no requiere tramitación parlamentaria adicional, ya que está vinculada a la evolución demográfica y económica. No obstante, su impacto en las nóminas —aunque modesto en términos relativos— ha sido objeto de debate en el ámbito político. Mientras partidos como el PP y Vox critican su «efecto confiscatorio», el Gobierno y los agentes sociales defienden su necesidad para evitar recortes futuros en las pensiones.
Según datos de la Seguridad Social, el fondo de reserva acumulaba en 2026 un saldo negativo de 18.000 millones de euros. Esto subraya la urgencia de medidas como el MEI. La subida del 1% en 2027 podría generar unos 1.500 millones adicionales anuales, según estimaciones de la Seguridad Social. Este volumen, aunque insuficiente para cubrir el déficit previsto —que superará los 20.000 millones en 2035—, es clave para evitar ajustes bruscos en las prestaciones.
La progresividad del MEI busca amortiguar su efecto en el corto plazo. Sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo depende de factores externos, como el crecimiento económico y la tasa de empleo. En un contexto de inflación persistente y moderación salarial, la subida del 0,17% para los trabajadores podría sumarse a las presiones sobre el poder adquisitivo, especialmente en sectores con salarios bajos.
Los principales sindicatos consideran el MEI un ‘mal menor’ frente a alternativas como subir la edad de jubilación o reducir pensiones. CCOO y UGT han instado al Gobierno a compensar el impacto con políticas de revalorización salarial, aunque sin éxito hasta la fecha.
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La organización ha solicitado al Ejecutivo que revise el calendario de incrementos, aunque sin éxito, dado que el MEI está vinculado a objetivos de estabilidad presupuestaria.
El debate sobre el MEI trasciende lo técnico y toca fibras sensibles en la sociedad española. Mientras para algunos es una «contribución justa» para las generaciones futuras, para otros representa un «nuevo impuesto encubierto» en un contexto de crisis económica.
