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El Gobierno vasco aprueba la progresión a tercer grado
El Correo (Política)

El Gobierno vasco concede de nuevo el tercer grado a Olarra Guiridi

La Audiencia Nacional revocó la medida en julio por falta de consolidación de factores positivos, pero el Departamento vasco de Justicia la aprobó

·14 de octubre de 2026·3 min de lectura

Actualización (15 de octubre a las 13:57):

El juez José Luis Castro concluyó que en ese momento no se cumplían los requisitos legales para aplicar la medida. En el caso de Olarra, reconoció una evolución penitenciaria positiva pero señaló que aún debía acreditarse la consolidación de los factores favorables a su reinserción.

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Los procesos de desvinculación y reinserción, cuando hay pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad, requieren tiempos prolongados de verificación. Olarra cumple condenas acumuladas que suman 30 años de prisión y su licenciamiento está previsto para 2036.


La Audiencia Nacional revocó la medida en julio por falta de consolidación de factores positivos, pero el Departamento vasco de Justicia la aprobó

Las claves

  • El Gobierno vasco concedió el tercer grado penitenciario a José Antonio Olarra Guiridi el 19 de mayo.
  • Los responsables del centro penitenciario de Gipuzkoa volvieron a proponer la progresión al tercer grado.
  • El Departamento vasco de Justicia aprobó la nueva progresión.
  • Profesionales del centro (juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales) propusieron la medida.
  • La decisión se basa en una reflexión personal del interno y en la evolución positiva de su comportamiento.

El Gobierno vasco ha vuelto a conceder el tercer grado penitenciario al exjefe del aparato militar de ETA, José Antonio Olarra Guiridi, una medida que fue revocada en julio por la Audiencia Nacional, ha informado el Departamento vasco de Justicia.

El Ejecutivo autonómico concedió el pasado 19 de mayo el tercer grado a este preso, que cumple pena en la cárcel de Zubieta (San Sebastián).

Menos de tres meses después de esta resolución, los responsables del centro penitenciario de Gipuzkoa han vuelto a proponer la progresión al tercer grado de Olarra Guridi, y el Departamento de Justicia del Gobierno vasco lo ha aprobado. Por primera vez el Gobierno Vasco ha informado, a través de una nota de prensa, de una progresión de grado de un miembro de ETA y ha explicado los motivos.

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Según el Ejecutivo autonómico, los profesionales del centro penitenciario —juristas, psicólogos, educadores y trabajadores sociales— son quienes están en contacto permanente con los internos y son los que han propuesto la progresión del exjefe militar de ETA al tercer grado. «La decisión adoptada obedece a que el interno ha hecho una reflexión personal, exigida por la legislación penitenciaria y por ello asumida por él, que está acompañada por una correcta evolución de su comportamiento debido a hechos que así lo constatan», ha indicado Justicia.

Al pasar al tercer grado, Olarra Gurudi realizará actividades en el exterior durante la semana, dormirá en la cárcel de lunes a viernes y el fin de semana permanecerá en su domicilio. El tercer grado, ha subrayado el Gobierno vasco, «es otra de las formas que establece la ley para cumplir la condena que de esta forma continúa en vigor hasta la extinción del límite máximo establecido».

La medida está sometida al control legal del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El objetivo de la legislación penitenciaria, según el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, es la reintegración a la sociedad de los internos en condiciones distintas a las que ingresaron en prisión.

Olarra Guridi fue condenado en 2007 a 1.253 años de cárcel por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en Vallecas (Madrid), que causó seis muertos. Posteriormente, recibió 1.000 años por ordenar el atentado del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, que dejó 95 heridos aunque el objetivo resultó ileso.

El Departamento vasco de Justicia anunció un cambio de criterio en la comunicación de progresiones de grado, que ahora se informarán individualmente a las víctimas directas que lo soliciten. Las asociaciones de víctimas Covite y la AVT criticaron la decisión, alegando que el Gobierno vasco pretende «obstaculizar la fiscalización» de su política penitenciaria.

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