La ley protege el interés superior del menor, lo que complica las devoluciones aceleradas a Marruecos
La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia se reunirá este jueves en Madrid para aprobar un crédito de 25 millones de euros para Ceuta, pero el objetivo de devolver a los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma el 30 de julio se está complicando debido a la legislación nacional y los convenios internacionales que protegen el interés superior del menor.
El Gobierno había anunciado que la prioridad era el retorno de «todos» los ilegales, mayores y menores, pero la realidad es que la ley no permite devolver a los niños como si fueran un correo averiado. La normativa establece que cada devolución debe hacerse de forma individualizada, lo que prolonga el horizonte temporal para resolver el problema.
El precedente de 2007
En 2007, España selló un acuerdo con Marruecos para prevenir la emigración ilegal de menores no acompañados, pero la única vez que se quiso aplicar acabó en tragedia. La vicepresidenta primera de Ceuta en ese momento, Mabel Deu, recordó ayer en LA RAZÓN que la Justicia frenó en seco el procedimiento de expulsión de menores inmigrantes en 2021.
La posición de las CCAA
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se oponen a un traslado de los menores a la península, ya que creen que alimentaría el «efecto llamada». El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró que «hablamos de retornos, no de repartos». Vox también se opone a la distribución de los menores y ha decidido no acudir a la reunión de hoy.
La única fórmula que contempla el Gobierno es la distribución de los niños, pero las comunidades se niegan. El dilema es que, esta vez, a diferencia de otras crisis, el gobierno de Ceuta se opone a un traslado de los menores a la península. La batalla por el retorno de los menores no acompañados va para largo.
En la reunión previa a la conferencia, que tuvo lugar a mediados de agosto, las comunidades del PP impidieron incluir en el orden del día un posible reparto de los menores no acompañados que lograron cruzar la frontera en el asalto masivo y que nunca regresaron de vuelta a su país de origen. Esta decisión ha reforzado la posición de las autoridades locales, que consideran que cualquier intento de devolución apresurada podría desencadenar un nuevo flujo de migrantes.
El proceso legal que debe seguirse para cada menor implica primero identificarlo, luego investigar sus circunstancias familiares en colaboración con las autoridades diplomáticas de Marruecos, determinar si existe una familia con la que pueda reunificarse o si puede ser acogido por servicios de protección. Si el país de origen acepta la devolución, se estudia si el retorno es la mejor opción; en caso de que no esté garantizada su protección, el menor debe permanecer en España. Para menores mayores de 16 años, existe la posibilidad de alegar el proceso, culminando en una audiencia donde se decide su destino final.
Fuente: La Razón (se abre en otra pestaña)
