España sigue sin registro público obligatorio de lobbies
El Grupo de Estados contra la Corrupción critica la falta de transparencia en la regulación de los grupos de interés tras la derogación del decreto‑ley
CRedacción Capitol·12 de octubre de 2026·2 min de lectura
El Grupo de Estados contra la Corrupción critica la falta de transparencia en la regulación de los grupos de interés tras la derogación del decreto‑ley
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en una sesión de control al Gobierno el 16 de septiembre de 2026. España finalizaba una legislatura sin aplicar las recomendaciones del GRECO sobre la regulación de los lobbies.
El GRECO, al que España se adhirió en 1999, lleva desde 2014 subrayando la necesidad de introducir controles y transparencia en la labor de los grupos de interés. Además, señala su influencia en la redacción de leyes. En su informe de 2024, la Comisión Europea también criticó la ausencia de avances y recomendó aprobar una ley que estableciera un registro público obligatorio de lobbies.
Publicidad
¿Qué exige el GRECO más allá del registro?
El organismo advierte que no basta con crear un registro. También es necesario publicar las agendas de los parlamentarios para conocer con quién se reúnen, sobre qué asuntos y con qué finalidad. En 2019 el Congreso aprobó su Código de Conducta, obligando a publicar esas agendas en la web de la Cámara, y en 2020 la obligación se extendió a los senadores.
Aunque la Oficina de Conflicto de Intereses ha reprendido anualmente a diputados y senadores por incumplir, su informe de 2025 constató que el apartado del Código de Conducta sigue sin cumplirse. Según el mismo informe, el 78 % de los diputados y el 79 % de los senadores ocultan reuniones con grupos de interés.
¿Cuál ha sido el avance legislativo reciente?
En mayo de 2025 el PSOE presentó una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso para crear un registro de grupos de interés. La ponencia nunca se convocó y la iniciativa decayó con la disolución de las Cortes.
El 25 de agosto de 2025 el Consejo de Ministros utilizó un real decreto‑ley para regular los lobbies, alegando compromisos del Plan de Recuperación.
El Congreso, con el voto del PP, Vox y Junts, derogó el decreto‑ley el 16 de septiembre. Durante su vigencia, más de 250 entidades se inscribieron en el Registro Estatal de Grupos de Interés.
Publicidad
La gestión del registro quedó finalmente en manos del Consejo del Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente, mientras el GRECO sigue considerando insuficientes los avances formales.
Esto evidencia la persistente falta de transparencia en la actividad parlamentaria.
