El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sostiene que el pacto con los Comuns «no se ha roto», pero Albiach rechaza que el Govern limite la norma a condicionar el uso de los pisos comprados; sin acuerdo de última hora, la ley decaerá en el pleno del Parlament
La ley que pretende frenar la compra especulativa de vivienda en Catalunya está a punto de naufragar en el Parlament. El plazo de enmiendas terminó el viernes 30 de octubre y el Govern de Salvador Illa y los Comuns las han presentado por separado. En caso de que no se alcance un acuerdo de última hora antes de la sesión plenaria, la norma quedará sin efecto.
Durante una entrevista, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, declaró que el pacto con los Comuns «no se ha roto» y que los objetivos «son los mismos». Admitió, no obstante, que se han «revisado» las disposiciones que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) señaló como potencialmente inconstitucionales. «Se ha hecho con solvencia y no quiero hacer un brindis al sol.» «No quiero aprobar una ley que después me la suspendan», afirmó.
Jéssica Albiach, dirigente de los Comuns, declaró que el Govern quiere «cambiar la finalidad» de la iniciativa, pues pretende sólo regular el uso de las viviendas compradas por los grandes tenedores y no detener la acumulación de otros propietarios. «El Govern dice que pueden comprar tantas viviendas como quieran, pero deben destinarse a alquiler residencial», dijo. Albiach considera insuficiente esa fórmula, que a su juicio ya recoge otra normativa de la Generalitat, y criticó que no se haga cumplir: «Llevan 12 sanciones en dos años».
La última propuesta del Govern pone el foco en el deber de destinar los inmuebles adquiridos a residencia habitual y permanente, sin fijar un tope a las viviendas que puede comprar un propietario. Busca evitar que acaben en usos turísticos, en alquiler de temporada o en alquiler por habitaciones en municipios declarados en emergencia habitacional. Los ayuntamientos podrán exigir ese destino en sus planes urbanísticos, siempre que lo justifiquen debidamente.
En agosto, el CGE presentó un dictamen sin carácter vinculante que consideró desfavorable, advirtiendo que el proyecto podría transgredir los derechos constitucionales a la propiedad privada, a la herencia y a la libertad de empresa.
La regulación formaba parte del acuerdo presupuestario que Illa y Albiach pactaron en febrero y ratificaron en mayo. Fuentes parlamentarias descartan que la votación se produzca antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ambas partes pueden seguir negociando hasta que la ley llegue al pleno.
Cataluña ante el 29-N
Cataluña reparte 48 diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, los mismos que en 2023: Barcelona 32, Girona 6, Tarragona 6 y Lleida 4. Su censo suma 5.926.487 electores.
En 2023 el PSOE fue la fuerza más votada en la comunidad (34,4 %). El reparto fue este: PSOE 19, Sumar 7, ERC 7, Junts 7, PP 6 y Vox 2.
Los datos de cada circunscripción: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida.
Para saber más: Girona: escaños en juego y encuestas para el 29-N, Lleida: escaños en juego y encuestas para el 29-N y Media de encuestas de hoy.
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