La propuesta jurídica plantea vincular de forma automática la denegación de asilo al retorno y crear centros de expulsión en terceros países seguros
Un paquete de reformas legislativas para endurecer los procedimientos de asilo y retorno en la Unión Europea llegó a manos del PP y Vox de cara a su eventual debate en el Parlamento Europeo. El texto, redactado por la asociación civil constitucionalista Iniciativa 2028 de la Sociedad Civil de España (I2P) y presentado por la doctora Elena Ramallo, persigue la sustitución del marco regulatorio actual por un esquema basado en el control de las fronteras exteriores y la obligatoriedad ejecutiva en las órdenes de expulsión.
El documento propone la modificación del Reglamento (UE) 2024/1356 relativo a los procedimientos fronterizos. La organización plantea que cualquier entrada irregular en territorio comunitario active de forma preceptiva un cribado exhaustivo en dependencias de frontera. Dicha tramitación abarcaría la verificación de identidad, registro de parámetros biométricos, comprobación de antecedentes y evaluación individualizada de posibles factores de vulnerabilidad mientras la persona permanece retenida en las instalaciones del recinto fronterizo.
Revisión del sistema de asilo y conexión directa con las resoluciones de retorno
La propuesta técnica incide en el régimen de protección internacional mediante la ampliación de los procesos fronterizos de carácter obligatorio. Entre los puntos clave figura acelerar el examen de los expedientes procedentes de Estados con bajos porcentajes de reconocimiento y la aplicación estricta de una lista comunitaria de países de origen seguros. El texto reclama erradicar las solicitudes sucesivas abusivas, sancionar el fraude procedimental e impedir que la mera permanencia temporal en el territorio consolide derechos de residencia administrativa.
En materia de expulsiones, la iniciativa aboga por instaurar una Orden de Retorno para toda la Unión Europea dotada de reconocimiento automático entre los Estados miembros. Dicho mecanismo integraría la inscripción obligatoria en el Sistema de Información Schengen y la vinculación de cada expediente a identificadores biométricos para evitar la duplicidad o alteración de identidades en distintos países comunitarios. Además, el texto exige fijar plazos máximos para documentar y ejecutar las salidas, así como la habilitación de centros de retorno situados en terceros países seguros bajo supervisión comunitaria.
Supervisión de Frontex y cláusulas financieras a terceros Estados
El esquema remitido a las formaciones políticas plantea dotar a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de competencias ampliadas para erigirse en un instrumento operativo directo de protección territorial y ejecución de retornos. La propuesta estipula asimismo que los acuerdos bilaterales de la Unión Europea incorporen cláusulas financieras para que los países de procedencia sufraguen, cofinancien o compensen los costes devengados por la identificación, manutención, protección y traslado de sus nacionales retornados.
El informe fundamenta su encaje jurídico en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente en sus artículos 77 —relativo al control y vigilancia de las fronteras exteriores—, 78 —base jurídica de la política común de asilo—, 79 —enfocado en la gestión de flujos migratorios— y 80, que consagra los principios de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros. El plan contempla penalizaciones económicas y la obligación de rendir cuentas ante la Comisión Europea para aquellos gobiernos que no ejecuten las órdenes firmes de retorno en los plazos fijados.
Fuente: El Debate
