La investigación analiza posibles favores con información privilegiada en la adjudicación de 18 viviendas protegidas vendidas por 200.000 euros cada una
CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·2 min de lectura
La investigación analiza posibles favores con información privilegiada en la adjudicación de 18 viviendas protegidas vendidas por 200.000 euros cada una
El presidente declarará como investigado el 21 de octubre. También lo harán la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa promotora de Les Naus. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de estas viviendas de protección pública.
Con estas declaraciones, la cifra de personas investigadas en el procedimiento alcanza ya las 18. Esta cifra se contabiliza desde la apertura de diligencias en febrero pasado.
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Entre los investigados está la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez. Rocío Gómez dimitió tras demostrarse que había accedido a una vivienda protegida en el complejo. También figura la exdirectora general del Ayuntamiento María Pérez-Hickman, que dimitió al revelarse que dos hijos y un sobrino suyos fueron adjudicatarios.
La instructora ha ordenado al Ayuntamiento de Alicante que detalle sus actuaciones sobre la parcela municipal. La magistrada solicita información sobre el periodo entre la aprobación de la valoración de la parcela en Junta de Gobierno Local (10 de julio de 2018) y la publicación del anuncio de licitación (5 de septiembre de 2018).
Dichas fechas corresponden al aval del precio en la Junta de Gobierno Local. Además, corresponden al anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El juzgado busca determinar si la corporación ofreció publicidad al acuerdo más allá del perfil del contratante formal.
La providencia exige a los servicios jurídicos municipales toda la documentación relativa a las concejalías de Gestión Patrimonial y Contratación. Asimismo, la providencia requiere todas las comunicaciones internas vinculadas a esas concejalías. El juzgado pide también los informes tramitados sobre el precio fijado para el suelo y los expedientes de suspensión del proceso.
La investigación explora si altos cargos municipales y de la Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana usaron información privilegiada para acceder, ellos mismos o sus familiares, a viviendas en el complejo. Las viviendas están ubicadas en una urbanización con piscina, pistas deportivas y gimnasio. Además, se vendieron por unos 200.000 euros cada una. Esa cifra representa la mitad del precio medio de la zona.
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En una segunda providencia, la magistrada ha establecido una fianza de 3.000 euros. Esa fianza permite que Compromís pueda personarse como acusación popular en la causa.
