CRedacción Capitol·12 de octubre de 2026·2 min de lectura
Ambos progenitores pueden recortar su jornada simultáneamente y la ayuda se mantiene aunque el menor supere la edad límite si padece gran discapacidad
La Junta de Andalucía ha puesto en vigor una reforma que permite a los funcionarios reducir su jornada laboral. La medida está dirigida a atender a hijos con enfermedades graves o gran dependencia.
La medida, derivada de una modificación estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado, concede a ambos progenitores la posibilidad de solicitar la reducción de horas al mismo tiempo. La suma de la reducción no puede superar el 100 % de la jornada habitual.
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Con este cambio, un padre puede recortar su jornada al 50 % y el otro al otro 50 %. También pueden repartirla en proporciones distintas, como 60 % y 40 %, adaptándose a las necesidades familiares.
La normativa elimina la condición de que el permiso recaiga sobre una sola persona, fomentando la corresponsabilidad y evitando que uno de los progenitores tenga que abandonar su carrera profesional.
Además, la ayuda se reconoce sin importar el estado civil de los padres, protegiendo a parejas casadas, de hecho, divorciadas o separadas.
Otro aspecto relevante es la ampliación del plazo máximo de edad del hijo. Si el menor padece una gran discapacidad o dependencia acreditada, el recorte de horas se mantiene aunque supere la edad límite establecida anteriormente.
La reforma también establece que la escolarización del menor no constituye motivo para retirar o denegar el permiso. Además, permite la revisión de expedientes antiguos para quienes perdieron el derecho al cumplir la edad límite.
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Se ha agilizado, asimismo, el procedimiento administrativo para solicitar, prorrogar o mantener estas horas libres, reduciendo la carga burocrática para los funcionarios.
Según la propia información de la Junta, la medida beneficia directamente al personal de la administración pública de Andalucía. Miles de funcionarios pueden mantener la ayuda durante el tiempo que sea necesario.
La reforma, aunque de alcance regional, se basa en la normativa estatal.
