La Consejería que dirige José Antonio Nieto en la Junta de Andalucía ha aplazado hasta 2027 la negociación con los sindicatos sobre la exigencia de acreditar un nivel B1 de idiomas en las oposiciones al subgrupo A1, que el Sindicato Andaluz de Funcionarios pide limitar a puestos concretos.
Las claves
- El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha reclamado que el requisito del idioma se aplique a puestos concretos y no por cuerpos generales de la Administración.
- En la mesa de negociación del pasado 22 de septiembre se acordó retirar la exigencia del B1 para los exámenes de la oferta de empleo público que ya habían sido convocados.
- Las ofertas de empleo público que se publiquen en el primer semestre de los años 2027, 2028 y 2029 contemplarán la obligatoriedad de acreditar conocimientos de idiomas en el subgrupo A1.
- La Consejería valora aceptar títulos oficiales que certifiquen un nivel B1 en los idiomas inglés, francés o alemán para los futuros aspirantes a la función pública.
Aunque la exigencia del requisito no se ha eliminado por completo, todavía falta por concretar cómo se aplicará exactamente en los diferentes procesos selectivos.
El departamento dirigido por José Antonio Nieto tenía la intención inicial de convocar una mesa sectorial antes de que finalizara el presente año, pero finalmente abrirá este debate con los sindicatos en 2027, según ha confirmado la propia consejería. Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios insiste en que esta cuestión debe aclararse con la suficiente antelación para que todos los opositores puedan prepararse con plenas garantías.
Esta organización sindical ha exigido que el requisito idiomático se fije específicamente para puestos concretos y no de manera generalizada por cuerpos de funcionarios. Asimismo, considera que la Junta debe aportar en la próxima mesa sectorial una propuesta que califica de «seria», acompañada de una evaluación por puestos y donde se justifique debidamente por qué se pediría dicho conocimiento lingüístico.
En la reunión de la mesa de negociación que se celebró el pasado 22 de septiembre, la Administración autonómica y las organizaciones sindicales abordaron los diferentes procesos selectivos de la actual Oferta de Empleo Público. Durante dicho encuentro se acordó retirar la exigencia del B1 para todos aquellos exámenes que ya se encontraban convocados.
Del mismo modo, se pactó que las ofertas públicas de empleo que se publiquen a lo largo del primer semestre de los años 2027, 2028 y 2029 incluirán la obligatoriedad del conocimiento de idiomas en el subgrupo A1. Esta inclusión se realizará «en los términos que se negocien», lo que afectará tanto al turno de acceso libre como a los procesos de promoción interna dentro de la Administración.
Para la Administración autonómica, esta medida responde a criterios de «sentido común», ya que los puestos de funcionario del subgrupo A1 requieren por regla general una titulación universitaria y suelen implicar funciones de mayor responsabilidad técnica, de gestión o de dirección. Si la norma resulta aprobada definitivamente para los aspirantes de acceso libre, aquellas personas que se presenten a las oposiciones para entrar por primera vez tendrán que presentar dicha acreditación.
El nivel B1 se corresponde con un nivel intermedio de un idioma extranjero según el sistema europeo de referencia, lo que capacita a la persona para desenvolverse en situaciones habituales y comprender textos claros. La Consejería plantea aceptar títulos oficiales que acrediten conocimientos en inglés, francés o alemán, aunque las condiciones específicas de acreditación todavía deben establecerse por completo.
Esta prórroga en los plazos puede generar un mayor grado de incertidumbre entre los aspirantes que actualmente se encuentran preparando una oposición y aún no disponen de esta certificación oficial de idiomas.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios señalan que para aquellos empleados públicos que realizan tareas puramente administrativas a nivel interno apenas resulta necesario el uso de lenguas extranjeras. Asimismo, la organización sindical advierte de que la medida podría suponer una discriminación hacia los aspirantes de mayor edad que no cursaron sus estudios bajo los actuales planes educativos con formación en idiomas.
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