CRedacción Capitol·14 de octubre de 2026·2 min de lectura
La Junta de Castilla y León ha presentado el proyecto de presupuestos para 2027 que modifica la organización financiera del nuevo hospital de Aranda
Las claves
Las anualidades desplazan a 2028 alrededor de 27 millones de euros respecto a la distribución prevista hace un año.
En el presupuesto proyectado hace un año se preveía desembolsar en 2027 45.856.725 euros.
La suma de ambas diferencias, casi 27 millones de euros, se consignan para 2028, año que solo tenía prevista una partida de unos 9.000 euros.
La administración regional admite un retraso oficialmente de nueve meses sobre la fecha inicial.
Un aplazamiento de cinco meses desplaza la fecha de finalización de las obras al 20 de enero de 2028.
Según este proyecto, las anualidades que financian la obra se desplazan a 2028 con un incremento de alrededor de 27 millones de euros respecto a la distribución prevista hace un año.
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En el presupuesto proyectado el año anterior se había estimado desembolsar en 2027 la suma de 45.856.725 euros para los trabajos realizados. El nuevo anteproyecto reduce esa cifra a 28.720.739 euros, lo que supone una disminución de 17,1 millones de euros.
Asimismo, la previsión del año pasado anticipaba que al finalizar 2026 se habrían pagado 81.251.923 euros desde el inicio de las obras.
Sumando ambas diferencias, casi 27 millones de euros se asignan a 2028, año que inicialmente solo contemplaba una partida de unos 9.000 euros. Esta reprogramación confirma los retrasos ya admitidos por la administración regional y genera nuevas dudas sobre la viabilidad del calendario de ejecución.
La Junta reconoce oficialmente un retraso de nueve meses respecto a la fecha inicial prevista para la finalización del hospital. Tras una primera ampliación que había pospuesto la entrega al 20 de agosto, en verano se aprobó un nuevo aplazamiento de cinco meses. Ese segundo aplazamiento desplaza la fecha de finalización al 20 de enero de 2028.
El cambio en las anualidades sugiere posibles dificultades para cumplir el calendario previsto y plantea interrogantes sobre la capacidad de la administración para financiar el proyecto.
