El acuerdo permite negociar con países considerados seguros y excluye a los menores, mientras Italia y Alemania avanzan en sus conversaciones
Veintiséis de los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea han aprobado el jueves la apertura de centros de retorno de inmigrantes en terceros países. La medida busca reforzar el control de la inmigración irregular en Europa.
España ha sido el único país que ha votado en contra y prefiere mantener a los inmigrantes en los CETI.
Voto contrario de España y sus argumentos
El rechazo español se produce en la reunión de embajadores nacionales en la UE. Allí se acordó que los estados miembros podrán negociar bilateralmente con países considerados seguros para establecer centros de retorno fuera de la Unión.
El Consejo de la UE señala que esos convenios solo podrán celebrarse con países que respeten las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución. Los menores quedan excluidos.
El Gobierno español ha señalado que la medida vulnera los derechos de los solicitantes y que la permanencia en los CETI garantiza una mayor supervisión y cumplimiento de la normativa nacional.
Detalles del acuerdo y sanciones previstas
El Consejo también ha aprobado la obligación de abandonar el Estado miembro y cooperar con las autoridades para las personas sin derecho de asilo.
El Consejo de la UE advierte de que el incumplimiento puede acarrear sanciones, como la reducción de prestaciones y subsidios, la denegación de incentivos para el retorno voluntario o sanciones económicas y penales.
Italia y Alemania ya se encuentran en fases avanzadas de negociación con países terceros, mientras que otros estados evalúan la viabilidad de los convenios.
En enero, la UE aprobó el endurecimiento de las condiciones para la solicitud de asilo. Se elaboró una lista de países considerados seguros, entre los que se encuentra Marruecos.
Las nuevas normas permiten a los estados miembros imponer una prohibición de entrada indefinida a nacionales de fuera de la UE cuando esté justificada y sea proporcional al riesgo para la seguridad. También pueden detenerlos durante más de 24 meses.
El Consejo de la UE ha subrayado que los menores quedan excluidos de cualquier traslado a centros de retorno, garantizando su protección bajo la normativa internacional.
La medida, aunque controvertida, forma parte de una estrategia más amplia de la UE para reducir la inmigración irregular y reforzar la cooperación con terceros países.
Según ha publicado El Debate (Internacional), la decisión se produce en un contexto de presión creciente sobre los países miembros para gestionar de forma más eficaz los flujos migratorios.
El Gobierno español ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y ha pedido que se busquen alternativas que no comprometan la seguridad ni la dignidad de los solicitantes de asilo.
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