Unidad de Control del Padrón ha sumado cuatro inmuebles a procesos de demolición y la policía ha precintado el edificio en la plaza Arcoíris
Las claves
- La Unidad de Control del Padrón intervino tras recibir quejas vecinales por el deterioro del edificio y las pernoctaciones ilegales.
- Los informes técnicos constataron acumulación de residuos y una situación de insalubridad, y la Policía ha precintado el inmueble.
- La concejala Belén Pérez explicó que se instó a los propietarios a actuaciones que no fueron atendidas, lo que motivó la orden de demolición.
- Con este expediente la Unidad de Control del Padrón suma cuatro inmuebles incluidos en procesos de demolición.
- Los casos anteriores incluyen una edificación ya derribada en la calle Abellaneda y dos inmuebles del Carril de Caldereros propiedad de la SAREB.
El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado el procedimiento para la declaración de ruina técnica de un inmueble en mal estado situado en el entorno de la plaza Arcoíris. La medida responde a las molestias vecinales, la insalubridad y el riesgo para viandantes que provocaba la ocupación ilegal por personas sin hogar.
La Unidad de Control del Padrón intervino tras recibir reiteradas quejas vecinales motivadas por el deterioro del edificio y las pernoctaciones ilegales en su interior. Los informes técnicos verificaron la acumulación de residuos y la situación de insalubridad, y la Policía procedió a precintar el inmueble.
La concejala de Control del Padrón, Belén Pérez, declaró que se había instado a los propietarios a realizar actuaciones que al no ser atendidas motivaron la orden de demolición.
Con este nuevo expediente, la Unidad de Control del Padrón suma cuatro inmuebles incluidos en procesos de demolición. Entre los casos anteriores se encuentran una edificación ya derribada en la calle Abellaneda y dos inmuebles del Carril de Caldereros cuya propiedad es la SAREB.
Si los titulares no ejecutan el derribo del inmueble en el plazo fijado, el consistorio asumirá los trabajos de forma subsidiaria. El coste de esa demolición se repercutirá sobre los propietarios.
La Junta de Gobierno también ha ordenado el cese del uso residencial en dos naves agrícolas ubicadas en la diputación de Cazalla. Estas instalaciones carecían de uso residencial autorizado y no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.
Los inspectores municipales comprobaron que en su interior residían numerosas personas en régimen de alquiler, en espacios compartimentados por el propietario.
Antes, en Capitol
15 de octubre. El Ayuntamiento de Mérida exige 42 millones de euros a la Junta. El alcalde de Mérida ha exigido a la Junta de Extremadura que asuma el pago de la deuda histórica de 42 millones de euros.
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