CRedacción Capitol·6 de octubre de 2026·2 min de lectura
La norma, que se remitirá a la Asamblea para su debate y votación, fija el 2 de enero y el 1 de julio como únicas fechas de entrada en vigor
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará el miércoles el proyecto de Ley de medidas contra la hiperregulación. La norma la impulsa la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
La normativa pretende reducir los trámites para ciudadanos y empresas y revisar las normas obsoletas que frenan la inversión. Así lo ha explicado la mandataria en la clausura del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
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Compensación de cargas administrativas
Entre las principales disposiciones, cada nueva carga administrativa que se imponga a las empresas deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente.
Ayuso ha señalado que las normas de organización tendrán fecha de caducidad «para que no sobreviva por inercia lo que ya no sirve».
Calendario y participación privada
Las nuevas obligaciones solo podrán entrar en vigor el 2 de enero y el 1 de julio. El objetivo, según la presidenta, es que nadie tenga que adaptarse a contrarreloj.
El proyecto también regula la participación de entidades privadas en la gestión de trámites administrativos. Estas deberán contar con acreditación y estarán sujetas a controles para garantizar los derechos de ciudadanos y empresas.
Asimismo, se refuerza la Aceleradora de Inversiones. Contará con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para proyectos de especial interés.
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La propuesta contempla espacios de prueba. En ellos se podrán ensayar, bajo supervisión de la Administración, productos o servicios que la legislación vigente aún no contempla.
El texto sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este organismo asocia una normativa más clara y sencilla con el crecimiento económico y la productividad.
Una vez aprobado por el Consejo, el proyecto será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y votación.
El proyecto se inspira en el modelo británico de fechas de entrada en vigor. Este permite a las empresas planificar con antelación los cambios necesarios.
