El ministro de Justicia marroquí alega problemas en la entrega de reclamados, mientras la Audiencia Nacional rechaza casos por duplicidad de juicios o falta de garantías
El Gobierno de Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición vigente con España desde 2009, en plena crisis diplomática por la situación en Ceuta. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, justifica la medida por las dificultades para lograr la entrega de personas reclamadas por sus tribunales, tras acumular 92 denegaciones de extradición por parte de España desde 2018.
La Audiencia Nacional ha rechazado en los últimos años al menos cinco solicitudes marroquíes por motivos técnicos y jurídicos. En marzo de 2026, denegó la extradición de un ciudadano marroquí condenado en España a nueve años de prisión por la muerte de 16 personas en una patera a la deriva. El tribunal argumentó que ya había sido juzgado en España por los mismos hechos, lo que impedía un segundo proceso en Marruecos. Otros casos, como el de Issam Armani en 2024, fueron rechazados porque los delitos imputados no estaban tipificados en el Código Penal español.
Un patrón recurrente en las denegaciones es la falta de garantías procesales en las solicitudes marroquíes. En enero de 2023, la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Yassin S., acusado de liderar una red de tráfico de migrantes, al considerar que Marruecos no había justificado la proporcionalidad de la privación de libertad. Los jueces españoles exigieron una valoración judicial previa, ausente en el expediente, para evitar vulnerar derechos fundamentales. Este requisito, derivado de la doctrina del Tribunal Constitucional, ha generado tensiones con las autoridades marroquíes, que suelen presentar las solicitudes a través del fiscal del rey, no de un juez.
El conflicto se agrava con casos de alto impacto mediático, como el de Daniel Galván Viña, un pederasta indultado por error en Marruecos y detenido en España en 2023. La Audiencia Nacional denegó su extradición al amparo del convenio bilateral, que prohíbe entregar a ciudadanos españoles, y ordenó su ingreso en prisión para cumplir una condena de 30 años por abusos a menores. El episodio desencadenó protestas en Marruecos y puso en evidencia las discrepancias en la interpretación del tratado.
El acuerdo de extradición, firmado en Rabat en 2009, establece que las solicitudes deben cumplir con los principios de doble incriminación y garantías procesales. Sin embargo, las diferencias en los sistemas judiciales —como la ausencia de jueces en las peticiones marroquíes— han llevado a España a aplicar criterios más estrictos. La posible suspensión del convenio afectaría a la cooperación en materia migratoria y de seguridad, en un contexto ya pensionado por la crisis en Ceuta y las discrepancias sobre el Sáhara Occidental.
Fuente: 20minutos
