CRedacción Capitol·10 de octubre de 2026·2 min de lectura
El expresident catalán podría enfrentar sanciones si no justifica su ausencia ante la Mesa del Parlament, con mayoría independentista
Carles Puigdemont, expresidentaaa de la Generalitat y diputado de Junts per Cataluña, pierde automáticamente el derecho a delegar su voto en el Parlament tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de levantar la orden de detención que pesaba sobre él por su implicación en el referéndum del 1-O.
Puigdemont, elegido diputado en las elecciones catalanas de 2024, se beneficiaba de una excepción en el reglamento parlamentario que le permitía delegar su voto mientras estuvieran abiertas causas judiciales contra él. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por El Periódico señalan que, una vez archivada la causa, el expresident ya no puede acogerse a este mecanismo. La disposición adicional cuarta del reglamento, aprobada para blindar su participación, solo cubría supuestos mientras las investigaciones estuvieran en curso.
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La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, podría autorizar una nueva delegación de voto mediante acuerdo. Fuentes jurídicas señalan que justificar una ‘situación excepcional’ para su ausencia sería complicado, según el artículo 95 del reglamento. El artículo 95 del reglamento solo contempla causas como hospitalización, enfermedad grave o imposibilidad real de desplazamiento, condiciones que no se ajustan a su caso actual.
La ausencia prolongada de Puigdemont podría derivar en sanciones, como la pérdida de su asignación parlamentaria durante un mes, si incumple tres sesiones consecutivas sin justificación. Además, Junts per Catalunya debería justificar por qué Puigdemont, diputado electo, no ejerce sus funciones. Las ausencias de otros diputados, como Lluís Puig, también han generado críticas durante esta legislatura.
El reglamento que condiciona su participación en el Parlament
El expresident, no obstante, podría sortear el problema participando telemáticamente en las comisiones, aunque hasta ahora no ha hecho uso de esta opción. La decisión final dependerá de cómo interprete la Mesa del Parlament el reglamento, un órgano donde Junts, ERC y el PSC mantienen la mayoría. Mientras, el debate sobre su presencia sigue abierto, sin que por ahora se hayan adoptado medidas concretas.
El levantamiento de la orden de detención por parte del Tribunal Supremo responde a la aplicación de la ley de amnistía. Este proceso ha generado tensiones entre el poder judicial y el político. Puigdemont, que reside en Bélgica, podría regresar a Cataluña sin riesgo de detención. Sin embargo, su participación activa en el Parlament queda ahora en duda.
La situación refleja el conflicto institucional abierto tras la aprobación de la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional paralizó parcialmente su aplicación, y el Tribunal Supremo intenta resolverlo sin vulnerar sus fallos previos. Mientras, Junts deberá decidir si prioriza la presencia de Puigdemont en el Parlament o asume las consecuencias políticas de su ausencia.
