CRedacción Capitol·16 de octubre de 2026·2 min de lectura
El contrato, publicado el 9 de octubre en el BOE, IVA de 60.265,46 € y durará 12 meses desde 1 de octubre de 2026
Las claves
El contrato, publicado en el BOE el 9 de octubre, tiene un precio máximo de 347.243,86 € (IVA incluido).
El importe es un compromiso económico máximo y el gasto real quedará limitado a la prestación efectivamente realizada.
La duración del contrato es de 12 meses a contar desde el 1 de octubre de 2026, con posibilidad de prórrogas.
Roberto Martínez Orío, subdirector general de Gestión Económica y presidente de la Junta de Contratación, ha suscrito la parte del Lote 1 en otoño.
La empresa adjudicataria es Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A., obligada a confidencialidad absoluta.
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, ha formalizado un contrato para adquirir un servicio de traducción de contenidos digitales para la página web de La Moncloa y documentación de la Secretaría de Estado de Comunicación. El contrato quedó publicado en el Boletín Oficial del Estado el 9 de octubre.
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El servicio se divide en dos lotes, siendo el primero la traducción directa del español a catalán, euskera, gallego y valenciano y la traducción ocasional inversa al español.
La parte del Lote 1 fue formalizada este otoño mediante un documento suscrito por Roberto Martínez Orío, subdirector general de Gestión Económica y presidente de la Junta de Contratación del Ministerio.
El precio total del contrato asciende a 347.243,86 € con IVA incluido, desglosado en 286.978,40 € de importe base y 60.265,46 € de IVA al 21 %. Ese importe constituye un compromiso económico máximo, y el gasto real quedará limitado a la prestación efectivamente realizada.
La duración del contrato será de 12 meses a contar desde el 1 de octubre de 2026, con posibilidad de prórrogas. Se contemplan dos anualidades: la primera con un precio de 57.873,98 € y la segunda de 289.369,88 €.
La empresa adjudicataria es Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A., que asume un deber de confidencialidad absoluta sobre cualquier dato obtenido durante la ejecución del contrato.
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El contrato se considerará cumplido cuando el contratista haya realizado a satisfacción de la Administración la totalidad de la prestación. Si los trabajos no se adecuan a la prestación contratada, la Administración podrá rechazar la prestación y quedar exenta de la obligación de pago o recuperar el precio satisfecho.
