El acuerdo, parcial por excluir el presupuesto, permite al Consejo iniciar negociaciones con el Parlamento y prevé mayor flexibilidad
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea acordaron su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común para el periodo 2028-2034. El acuerdo permite al Consejo iniciar las conversaciones con el Parlamento Europeo, aunque excluye los aspectos presupuestarios que deberán resolverse en las próximas cuentas comunitarias.
La reforma propone una mayor flexibilidad para que los Estados miembro adapten las medidas de apoyo a las necesidades de sus respectivos sectores agrícolas. Dentro del marco de la propuesta de la Comisión Europea, a partir de 2028 se integrarán los recursos de agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad en planes nacionales y regionales. Esta integración implicaría abandonar la estructura de dos pilares de la PAC y reunir ayudas directas y desarrollo rural en un único marco de financiación.
Se revisarán los pagos vinculados a la superficie agrícola para distribuir las subvenciones de forma más justa y eficaz, dirigidas especialmente a pequeñas explotaciones y a los jóvenes que se incorporan al sector. Todos los países estarán obligados a establecer una definición de agricultor en activo, con la posibilidad de adaptarla a sus circunstancias nacionales. Se contempla la introducción de mecanismos redistributivos para modificar el reparto de los fondos entre los beneficiarios.
Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones de mayor cuantía y fijar un importe máximo por explotación se negociarán más adelante, junto con el resto de disposiciones presupuestarias. En materia de relevo generacional, los Estados miembro deberán elaborar estrategias específicas que incluyan mayores ayudas básicas, apoyo a la puesta en marcha de explotaciones y acceso a formación y asesoramiento.
Se mantendrán requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea, aunque los países podrán adaptar su aplicación a condiciones locales. El texto refuerza los instrumentos de gestión de riesgos, previendo la financiación de seguros agrarios, inversiones para mitigar el cambio climático y pagos de emergencia a productores afectados por desastres naturales.
Los países podrán establecer servicios de sustitución temporal para que los trabajadores agrícolas dispongan de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos. Se mantendrá la financiación de proyectos que diversifiquen la actividad económica rural, como el agroturismo, la innovación y la digitalización, especialmente en zonas con mayores dificultades.
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