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Portada de Capitol sobre los requisitos de la nacionalidad española por residencia, con un pasaporte

Diez años no bastan para ser español y el PP propone endurecerlo

Para ser español por residencia no basta cumplir diez años en España. El Código Civil exige también residencia legal y continuada, buena conducta cívica e integración, y el Ministerio de Justicia puede denegarla. El PP propone en su programa del 10 de noviembre una nueva ley que endurecería esos requisitos.

·16 de noviembre de 2026·5 min de lectura

Para ser español por residencia no basta cumplir diez años en España. El Código Civil exige también residencia legal y continuada, buena conducta cívica e integración, y el Ministerio de Justicia puede denegarla. El PP propone en su programa del 10 de noviembre una nueva ley que endurecería esos requisitos.

  • Los años son una condición, no un derecho. Son diez con la regla general, cinco para refugiados y dos para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes (art. 22.1).
  • Además de los años hay dos pruebas. El reglamento de 2015 exige un diploma de español de nivel A2 y un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales, ambos del Instituto Cervantes.
  • El Ministerio de Justicia resuelve en un máximo de un año y, si no contesta, la solicitud se entiende desestimada (art. 11.3 del reglamento).

«La nacionalidad no se regala» es la frase con la que el programa del PP resume su propuesta, según la información de Capitol sobre ese documento. Para valorar lo que cambiaría, conviene saber primero qué exige hoy el sistema, porque el plazo de residencia es solo la primera de sus puertas.

Los años que cuenta la ley, según tu origen

El artículo 22 fija el tiempo de residencia. La regla general son diez años. Bajan a cinco para quien tenga la condición de refugiado y a dos para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y para los sefardíes. Basta un año en otros supuestos, como haber nacido en España, llevar un año casado con un español o ser nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que fueran originariamente españoles.

Esa residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3). Un periodo de diez años con interrupciones, o sin permiso en vigor durante parte del tiempo, no cumple lo que pide la norma.

Años de residencia exigidos por el Código Civil (art. 22)
Quién lo pide Años
Regla general 10
Refugiados 5
Nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, y sefardíes 2
Nacidos en España, casados un año con español, nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles y otros supuestos del art. 22.2 1

El mismo artículo obliga a justificar «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española» (art. 22.4). Esa integración se comprueba con dos pruebas presenciales del Instituto Cervantes, según el artículo 6 del Real Decreto 1004/2015. La primera es un diploma de español como lengua extranjera de nivel A2 como mínimo. La segunda es un examen de conocimientos constitucionales y socioculturales, con preguntas cerradas, un 60 % sobre la Constitución y la organización territorial y un 40 % sobre cultura, historia y sociedad.

Hay dispensas. Quien ya tenga el diploma de español no repite esa prueba, y tampoco los nacionales de veinte países que el propio reglamento enumera, entre ellos Argentina, Colombia, México, Perú o Venezuela. La solicitud incluye además la consulta del Registro Central de Penados (art. 5), de modo que los antecedentes penales ya forman parte del expediente.

Con todo eso reunido, la decisión no es automática. El artículo 21.2 dice que concede la nacionalidad el ministro de Justicia, que «podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional». Contra la denegación queda la vía contencioso-administrativa (art. 22.5). Y el plazo de resolución es de un año desde que la solicitud entra en la Dirección General competente; pasado ese tiempo sin respuesta, la solicitud se entiende desestimada (art. 11.3).

Qué cambiaría con la propuesta del PP

Según la información de Capitol, el programa del PP incluye una nueva Ley de Nacionalidad que exigiría residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español y de la historia, las instituciones y los valores constitucionales, buena conducta, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. También mantendría un trato preferente a los países de la Hispanidad y endurecería las consecuencias del fraude.

Varios de esos elementos aparecen ya en la norma vigente, como la residencia legal, la conducta y la prueba de integración. El programa, tal como se ha publicado, no detalla cuántos años serían ni qué examen sustituiría al actual, así que no se puede decir todavía qué plazo o qué prueba cambiarían. Este texto no valora la propuesta y se limita a poner el punto de partida.

El programa plantea también regular la pérdida de la nacionalidad de quienes no sean españoles de origen cuando haya condena firme por determinados delitos graves, evitando en todo caso la apatridia. Hoy el artículo 25 del Código Civil prevé la pérdida para los no originarios en dos casos, si durante tres años usan en exclusiva la nacionalidad a la que renunciaron o si entran al servicio de las armas de otro Estado contra la prohibición expresa del Gobierno. Una sentencia firme que declare falsedad, ocultación o fraude produce la nulidad de la adquisición, y el Ministerio Fiscal tiene quince años para pedirla.

La Constitución pone un límite a cualquier reforma en esta materia. Su artículo 11.2 dice que «ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad». La distinción entre españoles de origen y los que no lo son está, por tanto, en la propia Carta Magna, y es la que separa lo que el legislador podría regular de lo que no.

Qué mayoría haría falta

El artículo 11.1 de la Constitución remite a «la ley» para regular cómo se adquiere y se pierde la nacionalidad, y la norma que lo hace hoy es el Código Civil, una ley ordinaria. Reformarla no exige las mayorías reforzadas de una reforma constitucional. En el Congreso se aprueba con más votos a favor que en contra, y el Senado puede vetarla o enmendarla, como ocurre con cualquier ley.

Por eso importa el reparto de escaños que salga del 29-N. Con la media de encuestas de Capitol del 16 de noviembre, que reúne 49 sondeos de los últimos 28 días, el PP tendría 129 escaños (uno de UPN-PP), el PSOE 109 y Vox 65. No es un pronóstico, y el programa del PP no dice con quién buscaría los apoyos. La propuesta se enmarca, según el propio programa, en la respuesta a la ley de nietos, de la que Capitol ya ha explicado por qué el Supremo deja votar a los hijos de nacionalizados y cómo suspendió el voto de más de 160.000 nacionalizados.

Si quieres comprobar cuántos escaños salen de cada resultado, el agregador de encuestas de Capitol te deja ver la media de cada partido y su reparto. ¿Cuál de los requisitos que hoy exige la ley, los años, las pruebas o la decisión del ministro, crees que pesa más en un expediente real?

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