Sergio de la Fe, representante del AMPA Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, critica que la ley de autoridad del profesorado aprobada por el Parlamento de Canarias se tramitó de espaldas a las familias
Las claves
- De la Fe lamenta que las familias fueron llamadas a opinar, pero no fueron escuchadas.
- Según el AMPA, la ley «nace sin consenso, sin novedades y sin recursos».
- De la Fe afirma que la normativa se basa en sensaciones y no en datos.
Sergio de la Fe, representante del AMPA Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, manifestó su oposición a la norma. Según él, la ley se tramitó como proposición y no como anteproyecto, de manera exprés para evitar el dictamen del Consejo Escolar. Las familias lograron que ese dictamen se emitiera.
Las familias fueron convocadas para ser escuchadas, pero según De la Fe, no fueron realmente oídas. El resultado, según el representante, es una ley que «nace sin consenso, sin novedades y sin recursos».
De la Fe sostiene que la normativa se fundamenta en sensaciones y no en datos objetivos. Los datos del Consejo Escolar de Canarias indican que los problemas de autoridad no aparecen entre las tres principales preocupaciones en las aulas, donde predomina el ruido.
El representante afirma que la ley responde a «la sensación de que su autoridad está siendo menoscabada» que trasladan algunos sindicatos docentes, y no a una necesidad contrastada. Para las familias, el mensaje de la norma es que «nos está diciendo que el profesorado es más importante que el alumnado».
De la Fe critica que se está «poniendo el carro delante de los bueyes» mientras la ley de atención a la diversidad sigue pendiente. Reconoce que la corresponsabilidad familia-escuela ha pasado de una «confianza ciega» a familias «más formadas y con mayores criterios». Recuerda que las familias entregan a los docentes «lo más valioso para nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas».
Tanto familias de alumnos con necesidades especiales como el profesorado denuncian que la administración no les está haciendo caso ni dotando de recursos suficientes. El AMPA solicita la creación de un observatorio de la convivencia para legislar con datos y analizar los abusos de autoridad docente, aspecto que la ley actual no contempla. De la Fe advierte que la norma refuerza la presunción de veracidad del profesorado sin establecer deberes de ejemplaridad.
Cobertura de Capitol
Corrección (27/10/2026): el titular atribuía la crítica a «los padres canarios»; la hace el representante del AMPA Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.
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