La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer intervino tras recibir información sobre el riesgo de los menores, que vivían entre restos de comida y objetos tirados por el suelo
La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos progenitores como presuntos autores de un delito de abandono de menores, después de encontrar a sus hijos en una vivienda con condiciones de salubridad deficientes, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares.
Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UNAM) iniciaron la investigación tras recibir información sobre una posible situación de riesgo para los menores. Al inspeccionar el domicilio el pasado lunes, constataron que el inmueble presentaba «pésimas» condiciones higiénicas: cucarachas en paredes, puertas y suelo, acumulación de grasa y suciedad, restos de comida esparcidos por todas las estancias y ropa u objetos tirados por el suelo. El Servicio de Protección de Menores ya disponía de datos sobre el caso y estaba a punto de iniciar sus propias actuaciones.
El marco legal que regula este tipo de intervenciones es la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, que establece la obligación de las administraciones públicas de actuar cuando existan indicios de desamparo. En Baleares, la Dirección General de Infancia y Familia coordina estas actuaciones con los cuerpos de seguridad, aunque en este caso la alerta partió directamente de la UNAM. La detención de los padres se produce en un contexto donde los casos de abandono o negligencia infantil han aumentado un 12% en la comunidad autónoma durante el último año, según datos de la Fiscalía de Menores.
La intervención policial no solo busca garantizar la seguridad de los menores, sino también activar los protocolos de protección social. Los técnicos del Servicio de Protección de Menores evaluarán ahora si los niños pueden ser reintegrados en el núcleo familiar tras un proceso de seguimiento o si, por el contrario, deben ser derivados a centros de acogida. Este tipo de decisiones suelen resolverse en un plazo máximo de 72 horas, aunque los procesos judiciales por delitos de abandono pueden extenderse durante meses.
El caso ha reabierto el debate sobre la eficacia de los sistemas de detección temprana de situaciones de riesgo. Organizaciones como Save the Children han señalado en repetidas ocasiones que los recortes en servicios sociales durante la última década han debilitado la capacidad de respuesta ante estos casos. En Palma, el Ayuntamiento ha reconocido que el área de Bienestar Social trabaja con una plantilla un 20% inferior a la recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para ciudades de su tamaño.
Fuente: El Debate
