CRedacción Capitol·2 de octubre de 2026·2 min de lectura
Los tres presidentes piden en el Foro La Toja un modelo justo y advierten de que la concentración de poderes en Madrid genera tensiones territoriales
Imanol Pradales, Alfonso Rueda y Salvador Illa han advertido este viernes en el Foro La Toja sobre el riesgo de una «deriva centralizadora» en España que concentra poderes políticos y económicos en Madrid, en un debate donde también rechazaron la propuesta de financiación autonómica del Gobierno.
Pradales, lehendakari de Euskadi, denunció que la concentración de recursos en la capital genera «tensiones territoriales» y afecta a la cohesión del Estado. «No se trata de enfrentar territorios, pero las inercias llevan a una centralización que es un mal negocio», subrayó, vinculando este fenómeno con la inestabilidad política actual. Rueda, presidente de Galicia, rechazó la propuesta estatal de financiación autonómica, que sitúa a su comunidad «entre los segundos y terceros por la cola», y advirtió: «No estamos en esa posición, ni mucho menos». Illa, presidente de la Generalitat, defendió reformar un sistema «caducado» y recordó que el modelo actual transfiere 21.000 millones del Estado a las autonomías,.
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Pradales lamentó que el clima político impida acuerdos básicos. Rueda criticó que las medidas del Gobierno no mejoran la oferta y propuso «menos dogmas y más planificación»…
El Foro La Toja reunió a los tres presidentes para debatir descentralización y financiación. Mientras Illa defendió que el modelo actual «reduce diferencias entre comunidades», Rueda insistió en que Galicia no aceptará ser «menos que nadie» y exigió «condiciones de igualdad básica» para competir. Pradales recordó que, aunque el Concierto Económico vasco no se vea directamente afectado, la Ley quinquenal de Cupo sí depende de las decisiones estatales sobre financiación y deuda.
El debate reflejó las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades históricas, donde la financiación y la vivienda se convirtieron en ejes de conflicto. Mientras el Ejecutivo estatal mantiene su propuesta, las autonomías exigen mayor participación y recursos, en un contexto de creciente polarización política.
