La medida, anunciada en junio, traslada 32 reclusos a Coiba, Patrimonio de la Humanidad de 270.125 hectáreas, reserva natural desde 2004
José Raúl Mulino, presidente de Panamá, ordenó en junio de este año el traslado de 32 reclusos a la isla Coiba. Coiba es un archipiélago del Pacífico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005.
La decisión, anunciada como parte de una estrategia de seguridad nacional, revierte el uso exclusivo de la zona. Desde su clausura en 2004, la zona había sido reserva natural.
Coiba, con 270.125 hectáreas de ecosistemas vírgenes, alberga el parque marino más grande de Centroamérica. Su historia como prisión a cielo abierto funcionó entre 1919 y 2004. Incluye registros de torturas, trabajos forzados y una masacre en 1998 durante un intento de fuga. Según testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de Panamá (2002), los reclusos sufrían castigos que incluían disparos simulados. Muchos de ellos eran opositores políticos durante la dictadura militar (1968-1989), y también enfrentaban aislamiento en palmeras y exposición a insectos venenosos.
El gobierno panameño argumentó que el traslado responde a la necesidad de «desarticular estructuras criminales». Esta medida se tomó tras una fuga masiva en un centro penitenciario de la capital. Mulino afirmó en agosto que la medida no afecta a la reserva, sino que prioriza la seguridad ciudadana. Sin embargo, científicos y líderes ambientales alertan sobre los riesgos ecológicos: la presencia de reclusos podría alterar la biodiversidad, protegida durante décadas por su aislamiento.
Narciso «Mali Mali» Bastidas, guardaparques y exrecluso de Coiba, denunció en mayo pasado —antes de los traslados— las condiciones de la prisión. Condenado en 1986 por un homicidio que niega haber cometido, describió cómo los presos eran obligados a trabajar en sembradíos. También describió que debían talar selva bajo amenazas físicas.
Expertos como Éter Vierba, historiador de Yale, señalan que durante la dictadura de Omar Torrijos y Manuel Noriega (1968-1989). Coiba se convirtió en símbolo de represión. Flavio Méndez, abogado y supervisor del Centro de Investigaciones Históricas de Panamá, confirmó que, aunque no hay cifras oficiales, «mucha gente» falleció en la isla, también por accidentes en un entorno con especies peligrosas.
La polémica resurge ahora con los 32 reclusos trasladados: 29 en junio y otros tres en agosto. Mientras el gobierno insiste en que la medida es temporal, organizaciones ecologistas exigen garantías para evitar daños irreversibles. La Unesco, que supervisa el sitio, no ha emitido declaraciones públicas al respecto.
Contexto: ¿Por qué importa Coiba?
Coiba es un caso único en América Latina: su uso como prisión durante 85 años preservó el 80% de su territorio de la explotación humana. Tras su clausura, se convirtió en un laboratorio natural para estudiar especies endémicas, como el cangrejo rojo de Coiba, en peligro crítico. La decisión de reabrirla como centro penitenciario plantea un dilema: ¿puede la seguridad nacional justificar el riesgo ecológico en un área protegida globalmente?
Panamá enfrenta críticas internacionales por su sistema carcelario, considerado uno de los más violentos de la región. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las fugas masivas —como la que motivó el traslado a Coiba— son recurrentes en cárceles superpobladas. Mientras, la comunidad científica advierte que la reintroducción de humanos en la isla podría repetir el patrón de otras reservas. En esas reservas, el turismo o la extracción ilegal destruyen su equilibrio.
¿Qué dice la ley?
La Constitución panameña de 2004 obliga al Estado a proteger áreas naturales declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, excepciones como esta dependen de decretos ejecutivos, que no requieren aprobación legislativa. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) ha denunciado en foros internacionales la falta de consulta previa con expertos antes de decisiones como esta.
El caso de Coiba refleja tensiones globales entre desarrollo, seguridad y conservación. Mientras Mulino apela a la «necesidad nacional», ONGs como WWF Panamá recuerdan que el 70% de la biodiversidad marina centroamericana depende de ecosistemas como este. La pregunta ahora es si la isla, símbolo de resistencia humana y natural, podrá mantener su dualidad: prisión y paraíso.
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