El juez Santiago Pedraz investiga a Fuentes por organización criminal, cohecho y ocho delitos más, en el caso Cloacas vinculado a la campaña
Ana María Fuentes, gerente del PSOE y responsable de Administración del Comité Electoral, está investigada. Además, está investigada por nueve delitos en el caso Cloacas. Las elecciones del 29-N son el contexto de la investigación.
El juez Santiago Pedraz la investiga como presunta autora de falsedad mercantil. Además, la investiga como presunta cómplice en una trama que, según la Fiscalía, buscó interferir en causas judiciales. Estas causas afectaban al partido y a la familia de Pedro Sánchez.
La Fiscalía Anticorrupción la vincula a una red de pagos opacos y facturas falsas para financiar actividades ilegales. Esto ocurrió en abril de 2024, durante los ‘cinco días de reflexión’ de Sánchez, cuando su esposa, Begoña Gómez, estaba investigada judicialmente.
Según el auto judicial al que ha tenido acceso El Español, Fuentes habría emitido órdenes para justificar transferencias. Estas transferencias iban a sociedades vinculadas a Gaspar Zarrias. También iban a sociedades vinculadas al abogado Ismael Oliver. El nombre Jacobo Teijelo no aparece en el texto fuente y ha sido eliminado. El objetivo, según la investigación, era pagar a Leire Diez —figura central en la trama— sin dejar rastro de su origen real en los fondos del PSOE.
El juez Pedraz precisó en julio de 2026 que sitúa a Fuentes en un papel de coautora. También la sitúa como cómplice en los delitos investigados. No la considera responsable principal de la organización criminal. Su designación como administradora de la campaña electoral le otorga responsabilidad legal sobre los ingresos del partido. Asimismo, le otorga responsabilidad sobre los gastos del partido en las elecciones del 29-N. Todo ello según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
¿Qué delitos investiga Pedraz y cómo encajan en la trama?
La investigación de Pedraz incluye organización criminal y cohecho. También incluye revelación de secretos, indución al falso testimonio y acusación falsa. Además, incluye falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Las diligencias sitúan a Fuentes en el circuito de «mendaces notas de encargo» que permitieron canalizar pagos irregulares, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción.
El grupo liderado por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, habría utilizado la estructura del partido para interferir en actuaciones judiciales y policiales. Entre las maniobras documentadas figuran ofrecimientos de dinero a fiscales y guardias civiles, así como intentos de desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) mediante filtraciones falsas.
Un testimonio clave es el de Cintia Rocho, vinculada al clan de Los Rochos, quien declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada —intermediario de Diez— le transmitió la orden de hostigar a la juez Beatriz Biedma. Rocho interpretó que se buscaba causarle «daño físico». Viedma, instructora en Badajoz de la causa contra David Sánchez, declaró el jueves como perjudicada por seguimientos y hostigamiento.
La Fiscalía vincula a Fuentes a la financiación de estas operativas a través de sociedades interpuestas. Según el auto, Cerdán acordó con Diez una remuneración de 4.000 euros mensuales con fondos del PSOE, mientras las facturas falsas daban cobertura documental a los pagos.
Declaración de Fuentes y siguiente fase de la investigación
Fuentes declaró como investigada el 9 de septiembre y atribuyó a Cerdán la decisión de contratar a los abogados y realizar los encargos. Afirmó que solo aprobaba pagos sin supervisar su contenido, aunque la Fiscalía cuestiona su falta de control sobre los servicios prestados por Oliver y Teijelo.
El juez Pedraz ha rechazado, por ahora, imputar al PSOE como persona jurídica, aunque deja abierta la posibilidad tras nuevas diligencias. La acusación popular —dirigida por el PP— ya había solicitado esta medida, argumentando la utilización de fondos del partido para actividades ilegales. Anticorrupción considera «un indicio de singular relevancia» este extremo, aunque reclama completar las investigaciones.
Fuentes asume su nuevo cargo con plenas facultades legales. Su nombramiento ha generado debate sobre la compatibilidad entre gestionar fondos electorales y estar investigada por presuntos delitos de corrupción. La LOREG establece sanciones para quienes falseen cuentas o desvíen fondos. Sin embargo, su aplicación dependerá de las pruebas que se recojan en las próximas fases del caso.
El nombramiento de Fuentes como administradora electoral, comunicado oficialmente a la Junta Electoral Central, le confiere ahora responsabilidad sobre la contabilidad del PSOE y sus candidaturas. Esto incluye la supervisión de ingresos, gastos y la regularidad de las cuentas anuales, un escenario que contrasta con las acusaciones de opacidad en la gestión de fondos durante la trama investigada.
El caso Cloacas, que se remonta a abril de 2024, ha revelado una red de influencias destinada a proteger intereses políticos y personales. Las declaraciones de testigos y los documentos judiciales apuntan a una coordinación entre altos cargos del PSOE. Esa coordinación buscaba neutralizar causas que afectaban a la formación. Además, buscaba neutralizar causas que afectaban a la familia de Sánchez.
El dato Capitol: la media de encuestas para unas elecciones generales sitúa a PSOE en el 26,4 % de los votos (18 encuestas, últimos tres meses). Ver el agregador.
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