El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pide medidas urgentes tras el caso de la mujer de 70 años expulsada de su vivienda en Madrid
Iscar Rodríguez, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha exigido este lunes al Gobierno que active el decreto de vivienda para evitar desahucios como el de Maricarmen, una mujer de 70 años desalojada en Madrid tras 25 años en su hogar. Rodríguez ha vinculado directamente el caso con la falta de aplicación de la normativa vigente, que incluye medidas para proteger a colectivos vulnerables.
El decreto de vivienda, aprobado en 2023, establece mecanismos como la suspensión de desahucios para personas mayores de 65 años o con discapacidad, así como ayudas al alquiler. Sin embargo, su implementación ha sido lenta, según denuncian asociaciones como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El caso de Maricarmen, que perdió su vivienda pese a cumplir los requisitos para protección, ha reavivado el debate sobre su aplicación real.
El ministro ha recordado que el decreto incluye un fondo de 300 millones de euros para emergencias habitacionales, pero ha criticado que «no se están usando con la urgencia necesaria». Mientras, el Gobierno de España ha anunciado una reunión de urgencia con comunidades autónomas y ayuntamientos para coordinar su aplicación, aunque sin fechas concretas.
El desahucio de Maricarmen, documentado por medios como The Objective, ha generado indignación social y ha sido comparado con otros casos recientes, como el de María José, una mujer de 82 años desalojada en Valencia en julio. Ambos casos han servido para visibilizar las lagunas en la protección legal a colectivos en riesgo de exclusión residencial.
La presión política crece: mientras Rodríguez pide acción, el PP ha anunciado que registrará una pregunta parlamentaria para exigir un informe detallado sobre el uso de los fondos del decreto. El PSOE, en el Gobierno, ha respondido que «se están tomando medidas», aunque sin detallar plazos o avances concretos.
