El presidente de la Generalitat reclama coordinación con las autonomías y apoyo privado para evitar desahucios
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha reclamado el jueves garantías de vivienda digna en Catalunya y España. Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada en Madrid y se convirtió en símbolo de la lucha por una vivienda. La declaración se produjo durante una reunión con el BBVA y empresarios mexicanos en el Palau de Pedralbes, Barcelona.
Illa ha señalado que la crisis habitacional afecta a miles de familias y ha defendido políticas que impulsen el alquiler asequible y la construcción de viviendas sociales. El presidente ha señalado que la situación actual del sector inmobiliario se asemeja al daño que sufrió la producción industrial durante la pandemia de Covid‑19.
Paralelismo con la pandemia: vivienda vs. sector productivo
El mandatario ha equiparado la caída de la demanda de viviendas a la contracción del sector productivo provocada por la Covid‑19, argumentando que ambos fenómenos requieren respuestas estructurales. El presidente ha pedido ayudas similares a las de la pandemia, pero dirigidas a arrendatarios y compradores de viviendas, en lugar de a empresas.
Illa ha afirmado que la carencia de vivienda digna atenta contra principios básicos de justicia social en la política pública. Ha pedido que las administraciones autonómicas y estatales colaboren para crear un marco normativo que facilite la construcción de viviendas asequibles y proteja a los inquilinos frente a desahucios.
Medidas autonómicas y respuesta del Gobierno central
La muerte de Maricarmen Abascal, tras ser desalojada en Madrid, ha reavivado el debate sobre la legislación de alquileres y la protección de los mayores. Illa ha recordado que la Generalitat ya ha impulsado iniciativas para regular los precios del alquiler y fomentar la rehabilitación de edificios vacíos.
Illa ha reconocido que el Gobierno central ha anunciado medidas para ampliar la vivienda pública, pero ha criticado su ejecución lenta. Illa ha pedido una coordinación más estrecha entre la Generalitat y el Estado para evitar duplicidades y garantizar una respuesta eficaz.
Durante la reunión, Illa ha abogado por la inversión privada en vivienda social, pero con garantías de rentabilidad social y protección de los derechos de los usuarios.
Illa ha reiterado que el derecho a una vivienda digna es fundamental y no admite demoras en su aplicación. Ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo este objetivo en el marco de las próximas iniciativas legislativas que la Generalitat presentará en el Parlamento.
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