El líder de Vox cifra entre 50.000 y 100.000 las entradas irregulares y reclama suspender los tratados preferenciales con Marruecos
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la activación del mecanismo constitucional para investigar penalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a raíz de la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta. En una entrevista concedida al periódico digital El Debate, el dirigente político ha situado el volumen de llegadas irregulares registradas hace algo más de una semana sensiblemente por encima de los balances preliminares, estimando que la cifra real se sitúa más cerca de las 100.000 personas que de los 50.000 accesos contabilizados inicialmente en los registros oficiales.
La propuesta de la formación opositora pasa por recurrir al cauce fijado en el artículo 102 de la Carta Magna con el objetivo de dilucidar las responsabilidades penales de los integrantes del Ejecutivo central en la gestión de la frontera sur. Santiago Abascal atribuye la crisis a una estrategia deliberada por parte de Marruecos y acusa al gabinete liderado por Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de omitir actuaciones previas para contener el paso migratorio en las aduanas ceutíes.
Entre las medidas de actuación inmediata para Ceuta y Melilla, la dirección de Vox defiende la militarización permanente del vallado fronterizo mediante el despliegue de recursos humanos, medios materiales e instrumentos jurídicos de contención, la devolución inmediata a su país de origen de todos los ciudadanos que permanezcan en ambas ciudades autónomas en situación administrativa irregular y la suspensión de los tratados comerciales preferenciales vigentes entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos hasta que las autoridades de Rabat garanticen el pleno respeto a las fronteras españolas.
El procedimiento del artículo 102 de la Constitución para acusar a miembros del Gobierno
El cauce normativo al que alude la formación política se encuentra regulado en el texto constitucional español como la vía exclusiva para exigir responsabilidad criminal al presidente y a los ministros del Gabinete por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones institucionales. Según establece el marco legal, si la acusación versare sobre delitos contra la seguridad del Estado o traición, la iniciativa únicamente podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados y requerirá la aprobación expresa de la mayoría absoluta de la Cámara Baja para salir adelante.
En caso de que la iniciativa parlamentaria obtenga el respaldo de la mayoría absoluta en el pleno del Congreso, el procedimiento no se canaliza mediante la jurisdicción ordinaria de primera instancia, sino que se traslada de manera directa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este órgano judicial es el único competente para la instrucción y enjuiciamiento de los aforados gubernamentales. El precedente legal restringe la aplicación de esta prerrogativa a supuestos de extrema gravedad, garantizando que el control penal sobre la cúpula del Poder Ejecutivo quede supeditado a un riguroso filtro de representación parlamentaria.
Para Vox, la utilización de este precepto busca sentar un precedente sobre las consecuencias jurídicas de la gestión fronteriza. La formación sostiene que la inacción atribuida a los altos cargos del Ministerio del Interior vulnera los deberes constitucionales de protección del territorio nacional, integrando conductas que, a su juicio, deben ser valoradas por el alto tribunal.
Controversias sobre los informes de inteligencia y los ceses en Seguridad Nacional
La crisis migratoria ha destapado asimismo discrepancias en la comunicación oficial del Ejecutivo central en torno a la existencia de advertencias previas enviadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. Mientras el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido públicamente que no constaban alertas ni informes analíticos que previeran una entrada coordinada de tales dimensiones en la frontera ceutí, desde el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, se ha evitado desmentir categóricamente la existencia de informaciones previas, sugiriendo matices sobre la fluidez de la información recopilada por la inteligencia nacional.
A estas diferencias públicas en el seno del Gobierno se suma la controversia suscitada por la destitución de una funcionaria adscrita al Departamento de Seguridad Nacional tras la difusión de las primeras estimaciones numéricas sobre el flujo de entradas en la ciudad autónoma. Santiago Abascal encuadra este relevo dentro de una dinámica de presión institucional sobre los cuerpos técnicos del Estado, asegurando que los efectivos de la Guardia Civil, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia y los profesionales de los organismos de seguridad experimentan limitaciones en el ejercicio de sus responsabilidades de control fronterizo.
El líder político ha exigido la comparecencia urgente de los ministros implicados en las comisiones correspondientes de las Cortes Generales para aclarar las versiones encontradas sobre la información previa de la que disponía el Departamento de Seguridad Nacional y evaluar la cadena de mando que intervino en las decisiones adoptadas durante la jornada de las entradas.
Precedentes en Ceuta y el contexto de la política exterior europea
El episodio vivido en la frontera de Ceuta revive los acontecimientos registrados en mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron el espigón de Tarayal en un periodo de máxima tensión diplomática entre Madrid y Rabat. En aquel momento, la presencia de Santiago Abascal en la ciudad autónoma generó una profunda división en la Asamblea ceutí, donde fue declarado persona no grata con la abstención del Partido Popular y el rechazo del resto de fuerzas parlamentarias locales. Desde entonces, el debate sobre el modelo de custodia de los pasos aduaneros de Ceuta y Melilla ha mantenido divididos a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.
En el plano diplomático europeo, la situación fronteriza en el norte de África coincide con discrepancias sustanciales en materia de control de flujos migratorios entre los Estados miembros de la Unión Europea. El presidente de Vox contrapone la gestión migratoria española con las políticas aplicadas por el Ejecutivo italiano que encabeza la primera ministra Giorgia Meloni, destacando los controles de interceptación implementados por Roma frente a los procesos de regularización extraordinaria discutidos en el ámbito parlamentario español.
La petición de suspender la relación económica preferente con Marruecos colisiona con el marco de la política exterior comunitaria, de la que forma parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La normativa comunitaria exige la unanimidad o mayorías cualificadas reforzadas en el Consejo Europeo para alterar los acuerdos de asociación con terceros países, un procedimiento complejo que requiere la acreditación formal de vulneraciones sistemáticas en los compromisos bilaterales suscritos en materia de seguridad y cooperación fronteriza.
Fuente: El Debate
Sigue la cobertura: Grande-Marlaska afirma que no hubo alertas sobre la avalancha en Ceuta, pese a avisos de Inteligencia
