La Cámara Alta aprueba con 73 votos la solicitud del expresidente, quien enfrenta más de un centenar de procesos judiciales en Colombia
El Senado de Colombia aprobó este miércoles la autorización para que el expresidente Gustavo Petro abandone el territorio nacional durante un año, con 73 votos a favor y 11 en contra. La decisión, amparada en el artículo 173 de la Constitución colombiana, permite a Petro viajar al extranjero para atender «compromisos personales, sociales, políticos y académicos» tras dejar el cargo el pasado 7 de agosto.
La votación generó un intenso debate entre partidarios y detractores del permiso. El senador Enrique Gómez Martínez, del oficialista Movimiento de Salvación Nacional, acusó a Petro de intentar evadir la justicia al señalar que «permitirle salir del país es permitirle que cometa otro delito más: el delito de fuga». Gómez Martínez, cercano al presidente Abelardo de la Espriella —cuya elección Petro no reconoce—, advirtió que el expresidente «abandona el país para no volver y seguir atentando contra la democracia colombiana».
La aprobación contó con el respaldo de una amplia mayoría, incluyendo votos de senadores del partido de derecha Centro Democrático, principal opositor durante el gobierno de Petro. Este permiso se enmarca en un contexto judicial complejo: el expresidente enfrenta más de un centenar de procesos en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano encargado de investigar a aforados como presidentes y exmandatarios en Colombia.
La Constitución colombiana exige que los expresidentes obtengan autorización del Senado para salir del país, un requisito que Petro cumplió al solicitar formalmente el permiso. En su misiva, citó el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992, que regula el trámite. La decisión del Senado no exime a Petro de sus obligaciones judiciales, pero le permite ausentarse del territorio nacional durante el plazo aprobado.
Petro, quien lidera la oposición al gobierno de De la Espriella, ha anunciado que su salida responde a actividades políticas y académicas en el exterior. Sin embargo, sus críticos argumentan que la medida podría dificultar el avance de las investigaciones en su contra, especialmente en casos vinculados a corrupción, seguridad y gestión económica durante su mandato.
Fuente: El Debate (Internacional)
