La movilización, que podría ser la mayor en décadas, reclama prohibir desahucios y gravar fondos de inversión en un contexto de crisis habitacional
Centenares de manifestantes llenaron la plaza Universitat de Barcelona este 10 de octubre. Exigen justicia por la muerte de Maricarmen Abascal y movilizan apoyo a la huelga general.
La huelga está convocada para el 11 de noviembre en todo el país. La concentración, organizada por sindicatos de inquilinos, comenzó con un minuto de silencio y linternas encendidas frente a la Universitat de Barcelona.
Los sindicatos vincularon la movilización a la aprobación de dos decretos en memoria de Abascal. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinos y Alquiladoras, afirmó que estos decretos han sido un «punto de partida». Así, impulsan una huelga que consideran «histórica» para defender el derecho a la vivienda. Arcarazo acusó a las inmobiliarias, fondos de inversión y grandes tenedores de agravar la crisis habitacional.
La portavoz subrayó que la huelga busca prohibir desahucios, establecer contratos indefinidos y gravar la riqueza. Además, quiere ampliar el parque público de vivienda y permitir negociaciones colectivas de alquileres. Además, criticó la impunidad de quienes, según su opinión, son responsables directos de la muerte de Abascal.
Exigencias concretas: fin a desahucios y contratos indefinidos
Por su parte, Marta Espriu, del Confederación Sindicato de la Vivienda de Catalunya, COSHAC, calificó al sistema capitalista de «asesino». Urgió la afiliación sindical como única solución viable para los inquilinos en la crisis actual. «No pediremos nada, exigiremos que se cumplan nuestros derechos», declaró, rechazando negociar con partidos políticos. Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, descartó negociar con partidos. Así, excluye al PSOE, PP, Vox y Barcelona en Comú. Propuso construir «una alternativa política de la clase trabajadora» fuera del «circo parlamentario».
La movilización forma parte de un contexto de creciente conflictividad social por la vivienda. Sin embargo, advierten de qué medidas como la prohibición de compras especulativas podrían chocar con los intereses del sector inmobiliario.
El Gobierno ha aprobado dos decretos en respuesta a la muerte de Abascal, aunque los colectivos reclaman medidas más contundentes. La patronal inmobiliaria no ha reaccionado públicamente a las acusaciones. Los partidos políticos evitan pronunciarse sobre las demandas sindicales.
Los organizadores consideran que la huelga del 11 de noviembre podría ser la mayor movilización por el derecho a la vivienda en décadas. Su éxito dependerá de la movilización más allá de Barcelona y de la respuesta institucional a sus exigencias.
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