Subvenciones electorales 29-N, 2,2 millones de votos sin cobrar

Con la media de Capitol del 20 de octubre, 2,24 millones de votos al Congreso no generarían ni un euro de subvención el 29-N, el 9,6 % de los que reciben las candidaturas del agregador. La Orden HAC/1062/2026 paga 21.167,64 euros por escaño y 0,81 por voto, pero solo donde se saca diputado.

• Un voto al PNV generaría 1,27 euros y uno a Podemos, 0,25, porque el pago por escaño premia a quien concentra sus apoyos (cálculo de Capitol sobre la proyección provincial).
• SALF y Adelante Andalucía sumarían 659.527 votos sin ningún diputado, y por tanto sin ninguna subvención por el Congreso.
• Vox pasaría de 2,8 millones de euros con los resultados de 2023 a 4,9; el espacio que en 2023 fue Sumar, de 2,7 a 1,2 al presentarse dividido.

El Estado no paga a los partidos por pedir el voto, sino por convertirlo en escaños. Lo dice el artículo 175 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y lo ha vuelto a fijar el Ministerio de Hacienda en la orden publicada en el BOE el 8 de octubre, dos días después de la convocatoria. Cada escaño en el Congreso o en el Senado vale 21.167,64 euros. Cada voto vale 0,81 euros, pero solo si la candidatura de esa provincia ha sacado al menos un diputado. En el Senado, cada voto a un candidato elegido suma 0,32 euros.

Son exactamente las cifras del 23-J. La orden de 2023 ya pagaba 21.167,64 euros por escaño, el importe que fijó la reforma de la ley electoral de 2011. Desde entonces no se actualiza porque la Ley de desindexación de 2015 prohíbe revisar valores monetarios públicos con el IPC, de modo que cada escaño vale cada año algo menos en términos reales. La única partida que sube es la del envío de propaganda y papeletas por correo, que se revisa con el índice de precios de los servicios postales y pasa de 0,23 a 0,26 euros por elector, un 13 % más. La única rebaja se aplicó en la repetición de noviembre de 2019, cuando la ley obligó a recortar un 30 % los pagos por escaño y voto (14.817,35 euros y 0,57).

Con esas reglas y la media de 26 encuestas de los últimos 28 días, Capitol ha calculado lo que cobraría cada candidatura por el Congreso. El método reparte los escaños con D’Hondt provincia a provincia sobre la proyección del agregador, con la barrera del 3 %, y aplica la orden a cada lista. Los votos son los de 2023 repartidos según la media, porque no estimamos participación. El resultado es de 24,6 millones de euros para el Congreso, frente a 25,9 millones que habría supuesto aplicar la misma cuenta a los resultados oficiales de 2023. Faltan los senadores, que no proyectamos y que en 2023 fueron 208 elegidos en las urnas, es decir, unos 4,4 millones más solo por escaños.

El precio de un voto depende de dónde cae

La subvención por voto se parece mucho a un precio fijo, y no lo es. Un voto en una provincia donde el partido no saca diputado vale cero, y el pago por escaño se reparte entre menos votos cuanto más concentrado está el electorado. La cuenta tiene dos sumandos. El primero son los 0,81 euros multiplicados por la parte de los votos que cae en provincias con diputado. El segundo, los 21.167,64 euros del escaño divididos entre los votos que cuesta cada escaño.

El Partido Nacionalista Vasco ilustra el primer extremo. Con 231.587 votos proyectados y cinco diputados, todos sus votos cobran y cada escaño le cuesta unos 46.300, de modo que cada papeleta genera 1,27 euros. EH Bildu (1,25), Esquerra Republicana de Catalunya (1,20) y Junts per Catalunya (1,18) están en la misma situación. Se presentan solo donde son fuertes y ganan diputado en todas sus provincias. El Partido Popular (1,16, sumando la lista UPN-PP de Navarra) y el Partido Socialista Obrero Español (1,15) quedan muy cerca porque apenas tienen votos sin escaño, un 0,9 % y un 0,2 % de los suyos.

Vox, con 1,07 euros por voto, ya muestra el coste de la dispersión. La proyección le da escaño en 37 de las 52 circunscripciones, y en las otras 15 se quedan 279.379 votos que no cobran. Por debajo, la caída es brusca. A Frente Amplio le tocarían 0,50 euros por voto porque solo saca diputado en cuatro provincias y el 54,1 % de sus papeletas cae fuera de ellas. Podemos, con un único escaño en Madrid, se queda en 0,25 euros, y tres de cada cuatro votos suyos no generan nada. Se Acabó La Fiesta (SALF), con el 1,8 % en la media, y Adelante Andalucía, con el 0,9 %, no llegan a ningún diputado y se quedarían en cero.

Es el efecto mecánico del sistema electoral, que los politólogos estudian desde Duverger, llevado al dinero. D’Hondt en circunscripciones pequeñas ya castiga a los partidos medianos con voto repartido por todo el país. La financiación pública repite el castigo, porque paga el escaño y además solo los votos que han servido para lograrlo. Un partido que pierde un escaño ajustado pierde dos veces. En Huesca, donde el tercer diputado se decide hoy entre Vox y el PP por 78 votos de cociente, el escaño vale para Vox 39.532 euros, los 21.167,64 del acta más los 0,81 de cada uno de sus 22.672 votos en la provincia. Para el PP, que ya tiene diputado allí y cobra todos sus votos, vale solo el importe del escaño.

El dinero de la división y el del correo

La comparación con 2023 muestra quién gana y quién pierde con el reparto. Aplicando la misma orden a los resultados oficiales del 23-J y a la media de hoy, Vox pasaría de 2,8 a 4,9 millones de euros por el Congreso, un 76 % más, porque duplica sus escaños de 33 a 67. El PSOE bajaría de 8,9 a 7,5 millones y el PP de 9,6 a 9,0, porque ambos pierden diputados frente a 2023 en la proyección. El caso más llamativo es el del espacio que en 2023 se presentó como Sumar. Con 31 escaños le correspondían 2,7 millones de euros. Repartido ahora entre Frente Amplio, Podemos, Compromís-Front Valencià y Unidad del Pueblo Canario, con 2,2 millones de votos y 14 diputados, sumaría 1,2 millones. Cada uno de sus votos valdría 0,54 euros.

La partida más grande, sin embargo, no depende de los votos. El Estado abona además 0,26 euros por cada elector de las provincias donde un partido presenta lista al Congreso y al Senado, para pagar el buzoneo de papeletas y propaganda. El censo del INE para el 29-N tiene 38.728.356 electores, 2,77 millones de ellos en el extranjero, así que una candidatura presente en las 52 circunscripciones puede recibir hasta 10,07 millones de euros por este concepto. Es más de lo que el PP obtendría por todos sus escaños y votos. La condición es lograr grupo parlamentario propio en una de las dos cámaras, o los diputados, senadores o votos necesarios para formarlo.

Aquí entra una novedad que ha pasado casi inadvertida. La reforma del Reglamento del Congreso aprobada el 23 de julio de 2026, que se estrena en la legislatura que salga del 29-N, rebaja los requisitos del artículo 23. Siguen bastando 15 diputados, pero con cinco ya no hace falta el 15 % de los votos en las provincias donde se presenta el partido. Ahora basta una media del 10 % en las circunscripciones donde obtiene representación o el 3 % en toda España. Con la media de hoy cumplirían ocho formaciones, PP, PSOE, Vox, ERC, Frente Amplio, EH Bildu, Junts y PNV. Junts es el caso en que la reforma decide. Con seis diputados y en torno al 12 % en sus cuatro provincias no habría llegado al 15 % antiguo, y con el nuevo listón podría acceder a unos 1,54 millones de euros de envío postal.

Esos 10 millones son un techo, no un cheque. El artículo 127 de la LOREG impide que la subvención supere los gastos declarados y justificados ante el Tribunal de Cuentas, y la del correo solo se paga si el envío se ha hecho de verdad. Lo que cobre cada partido por este concepto dependerá de cuántas cartas mande y pueda justificar, no de cuántos votos saque.

Nuestro cálculo tiene límites claros. No incluye el Senado, usa los votos de 2023 y depende de escaños que hoy se deciden por menos de mil votos en provincias como Girona, Huesca o Las Palmas. Un punto de más o de menos para un partido mediano cambia sobre todo cuántos de sus votos cobran. Tampoco sabemos aún en qué provincias presentará lista cada uno. Las candidaturas se entregan entre el 21 y el 26 de octubre, y una formación que no se presente en una provincia renuncia allí al pago por elector.

El calendario del dinero ya está escrito en la ley. Los partidos que la obtuvieron en las últimas elecciones equivalentes pueden pedir un adelanto de hasta el 30 % de lo que recibieron entonces entre los días 21 y 23 tras la convocatoria, del 27 al 29 de octubre, ante la Junta Electoral Central. Desde el 10 de octubre, por el Real Decreto 809/2026, cualquier adelanto o liquidación exige una declaración de su representante general de que la formación no incurre en los supuestos del artículo 127, entre ellos mantener en sus listas u órganos a condenados por terrorismo o rebelión. Después de votar, cada partido tiene entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2027 para entregar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, que debe pronunciarse como tarde el 17 de junio. Hasta entonces, el escaño que se gana o se pierde la noche del 29 de noviembre seguirá teniendo un precio que casi nadie mira, el de los votos que deja sin valor.

Los escaños provincia a provincia y el método están en el especial del 29-N y en la metodología de Capitol.