CRedacción Capitol·6 de octubre de 2026·2 min de lectura
La magistrada pide informe a la Fiscalía tras la querella de Abogados Cristianos por la entrada masiva de julio
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado abrir diligencias previas sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Lo hace en un auto del 28 de septiembre.
La decisión se produce tras la querella de Abogados Cristianos, que acusa a Triano de presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación. Los hechos se refieren a la entrada masiva de personas desde Marruecos a finales de julio.
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Tardón indica que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Al no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que han intervenido, considera procedente instruir diligencias previas.
Alerta del CNI el 29 de julio
Según la querella, el CNI trasladó el 29 de julio a la Delegación del Gobierno en Ceuta una alerta sobre una convocatoria masiva difundida en redes sociales. El objetivo era acceder irregularmente a la ciudad autónoma por el espigón de El Tarajal y por vía marítima.
La fundación sostiene que el entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, comunicó personalmente esa información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
«Abogados Cristianos quiere que la investigación permita determinar hasta dónde llegaron esas advertencias y qué decisiones se adoptaron ante ellas», indica la fundación.
Sanz ratifica su aviso a Triano
En la solicitud, la organización pide la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska.
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Pocos días después de la apertura de diligencias, Gonzalo Sanz compareció ante la jueza Tardón. Ratificó que trasladó a Triano el contenido de sus conversaciones con agentes del CNI un día antes de los hechos.
La magistrada ha pedido a la Fiscalía un informe para valorar la posible existencia de una infracción penal. También busca determinar el procedimiento aplicable.
El caso se enmarca en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta tras la llegada masiva de personas en julio.
Las autoridades locales y el Gobierno central han defendido reforzar la seguridad fronteriza. Señalan que la coordinación entre el CNI y la Delegación del Gobierno es esencial para prevenir incidentes similares.
El avance de la investigación dependerá del informe de la Fiscalía. También de la posible declaración de los testigos solicitados por la fundación.
