Los auditores encontraron deficiencias en las 14 obras que revisaron, con 707 millones en juego, y concluyen que cambiar las notas alteró el ganador en cuatro de los seis concursos analizados.
El Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el 26 de junio de 2025, 17 contratos del ADIF y de ADIF Alta Velocidad por un total de 801 millones de euros. Su consejero ponente, José Manuel Otero Lastres, lo hizo con seis meses de antelación a la aprobación del informe de fiscalización, que tuvo lugar en diciembre de 2025.
Pertenecientes al plan de recuperación con financiación europea total o parcial, las obras se distribuyen en un mínimo de siete provincias: Valencia, Madrid, Vizcaya, Cáceres, Lugo, Barcelona y Palencia. Las adjudicaciones se realizaron entre mayo de 2019 y marzo de 2023, durante los gobiernos de Pedro Sánchez, primero bajo la dirección de José Luis Ábalos en el ministerio y después con Raquel Sánchez a la cabeza.
La investigación arrancó con dos denuncias. La primera llegó al canal ético de Ineco, la empresa pública de ingeniería, y apuntaba a que un empleado del ADIF había pedido a dos técnicos cambiar las notas de tres licitaciones. La segunda entró por el canal ético del ADIF y señalaba tres concursos en los que, según el denunciante, se habían falseado las puntuaciones para favorecer a una constructora.
Una de esas obras, el tramo de alta velocidad que une Amusco y Osorno en Palencia, se adjudicó por 65,50 millones y contó con fondos del plan de recuperación. Con los dos contratos de ese plan ya revisados, los auditores seleccionaron aleatoriamente otras 14 obras para comprobar si se repetían los fallos en pliegos y puntuaciones.
Encontraron deficiencias en las 14, que sumaban 707,11 millones de euros, de los cuales 439,23 millones se imputaban a fondos europeos. Con los más de 85,50 millones de los dos contratos denunciados y los 8.425.185 euros de otra obra en Font de la Figuera (Valencia), vinculada a la segunda denuncia, se llega a los 17 contratos y a 801.042.104,79 euros.
Los inconvenientes surgían en los pliegos: las empresas conocían la puntuación de su programa de trabajo, pero desconocían el peso de cada apartado. La memoria y el programa de trabajo llegaban a concentrar el 57 % de los puntos sujetos al juicio de los evaluadores en algunos concursos. Además, se valoraron aspectos que los pliegos no habían anunciado y se usaron calificativos como «correcto» o «adecuado» para dar notas distintas sin justificar la diferencia. En once de los 14 contratos, el informe técnico tampoco detallaba el peso de cada apartado.
El Tribunal de Cuentas concluyó que ese modo de puntuar infringía la legislación de contratos, porque el licitador no podía saber qué se valoraría más ni reconstruir después por qué otra propuesta había quedado por delante. También estimó que cambiar las notas alteró el ganador en cuatro de los seis concursos analizados.
El ADIF concluyó sus investigaciones sin detectar irregularidades, durante la etapa en la que Óscar Puente dirigía Transportes. Según el departamento de Puente, «no se acreditaron indicios» de conductas ilícitas. El tribunal criticó al ADIF por la «laxitud» con la que aceptó las adjudicaciones y señaló que sus pesquisas «carecían del rigor que sería exigible».
El informe, que fue aprobado en diciembre de 2025, examinó la gestión que ADIF y ADIF Alta Velocidad llevaron a cabo hasta finales de 2024 de las acciones del plan de recuperación, a las que se destinaron 5.974 millones de euros. La revisión de estas adjudicaciones formaba parte de esa fiscalización.
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